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11 Noviembre 2019 03:00:00
Economía política de la innovación
La innovación como política pública se enfrenta a varios problemas en el contexto de México y de América Latina, ya que, por décadas, esta importante función económica se encuentra a cargo del Conacyt, una institución más dedicada a la ciencia y la educación, que a la productividad y las exportaciones.

Por ejemplo, los países asiáticos enfocaron mediante la planeación prospectiva un modelo que logró que sus sociedades rurales y precapitalistas transitaran hacia sociedades intensivas en capital, crecimiento económico sostenido y el surgimiento de consorcios industriales competitivos a nivel global.

Otro ejemplo a resaltar de la economía política de la innovación, es la Unión Europea, que precisamente desvincula el proceso educativo y la ciencia básica de la innovación y, mediante una “directiva europea” y un “fondo regional”, estimuló las políticas de innovación basadas en infraestructura, como parques científicos y tecnológicos, centros de innovación especializados en cada sector de la industria y la formación de consorcios tecnológicos para avanzar en la competitividad, como es el caso de Airbus.

En México no hay, y no ha habido, una política de innovación equiparable a las que se utilizan en EU, Canadá, Unión Europea o los países asiáticos. El marco legal actual se centra en que la infraestructura científica, tecnológica y de innovación se dedique a “resolver los grandes problemas nacionales”, sin embargo a lo que se ha dedicado realmente, es a la ciencia básica y a la formación de recursos humanos.

La realidad es contundente: ni se generan patentes en la investigación y desarrollo tecnológico, ni se contribuye a resolver los grandes problemas nacionales. Esta realidad no solo es el resultado de la pobre inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación (CTI), sino por una cultura elitista que demerita al mercado y a las actividades productivas.

Esta cultura se basa en la discriminación de la industria, las actividades productivas y sus agentes económicos. De muchas maneras, la infraestructura CTI del país es antiempresarial y antimercado. Prueba de ello es que la infraestructura de servicios tecnológicos del país que identifica la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación excluye la ciencia aplicada al conocimiento de los mercados.

Otra prueba de la confusión del sector público en materia de innovación, es que en un esfuerzo de renovación y reestructuración del Gobierno, pretende desmontar la normalización como política estratégica en materia de tecnología y se le reduce a una infraestructura de calidad.

Este enfoque refuerza la exclusión, la reduce solo a organismos metrológicos, de normalización, certificación, laboratorios de ensayo, verificación de terceros autorizados y entidades de acreditación. Es decir, la calidad desvinculada de la ciencia aplicada y la innovación.

Como resultado, se produce un sesgo más radical que el que hemos venido arrastrando en el Sistema Nacional de Innovación. Es decir, que la infraestructura científica siga siendo científica y que la infraestructura de calidad se dedique a la productividad.

La infraestructura de calidad no tiene mérito científico, no es atractiva para tecnólogos y se reduce solo a actividades productivas y comerciales. Con ese enfoque reduccionista, se desmaterializa el papel de las “normas oficiales mexicanas” como regulaciones técnicas y las “normas mexicanas” como plataforma tecnológica del país, no solo de calidad, sino también de inocuidad, bioseguridad, control de procesos, impacto ambiental, salud de las personas, los consumidores y los sistemas de innovación.

La normalización es un proceso sustantivo para configurar plataformas tecnológicas. Mediante ella, se ha logrado crear nuevos mercados, estandarizar productos, interoperar en múltiples mercados, así como una mayor seguridad del consumidor, los trabajadores y el cuidado al medio ambiente.

Las normas y los acuerdos técnicos industriales hacen posible la innovación, acoplando múltiples patentes, ya sea de proceso o de producto, para la rápida evolución de la telefonía celular, las redes de telecomunicaciones, las aeronaves, el desarrollo de autos eléctricos y tractocamiones más amigables con el medio ambiente.

La economía política de la innovación es fundamental para el estado de bienestar, el desarrollo de Pymes innovadoras y el avance tecnológico de la nación. Por ello, se debe revisar la transversalidad de las políticas de innovación en cada dependencia reguladora, impulsar el sector del conocimiento en su conjunto y reconfigurar la infraestructura de servicios tecnológicos y de innovación, para evitar un enfoque reduccionista y la falta de incentivos a la innovación.

Agenda Industrial
Rodrigo Alpízar Vallejo
@Ralpizarv

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