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Macario Schettino
Macario Schettino
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Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.

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01 Junio 2010 03:46:50
Educación superior
En la reunión de universidades celebrada en nuestro país, Universia, el presidente Felipe Calderón sostuvo que:

“La definición de la educación superior como un bien público, refrendada en el Primer Encuentro de Rectores Universia, no significa que la iniciativa privada no participe o no colabore con ella; muy por el contrario”, según nota de Jorge Ramos y Nurit Martínez, aparecida en adelanto en la página electrónica de EL UNIVERSAL ayer lunes a las 11:31 de la mañana.

Más adelante, el Presidente reconoció que hay un gran rezago en este nivel educativo, además de otros lugares comunes que, no por ello, dejan de ser falsos, o al menos equívocos.

En primer lugar, definir la educación superior como bien público no tiene sentido. Para los economistas, un bien público es aquél que es no rival y no excluible, es decir, que no importa cuánto consuma una persona de él, su oferta no se reduce (eso es “no rival”) y que cuando se oferta, no hay manera de excluir a alguien de recibirlo (eso es “no excluible”). El mejor ejemplo es la señal de televisión abierta: si usted la ve, la señal de otros televisores no se reduce, y cuando la estación emite la señal, todos los que tienen su receptor pueden verla. No se puede eliminar a uno u otro de los receptores.

Precisamente por ello, este bien que le llega a todos y que no se agota no puede tener un precio positivo, y por eso se llama “bien público”. Indudablemente, la educación superior no es esto. No existe una oferta de este bien que pueda darse a todos sin caída en calidad. Incluso mediante los muy interesantes experimentos de cursos abiertos en internet, no permiten convertir a la educación superior en “bien público”, porque si bien son muy útiles para socializar el conocimiento, no cumplen el requisito de control de calidad implícito en un título superior.

Tal vez no están pensando en términos económicos los rectores al hablar de bien público, sino más en el habla cotidiana, lo que sería muy grave por tratarse de las máximas autoridades universitarias, que podrían y deberían cuidar mucho su lenguaje. Pero supongamos entonces que se refieren a un tipo de bien que debería ser accesible para todo público. Esta parece ser la acepción a que se refieren los rectores, que desde al año pasado no sólo califican a la educación superior como un bien público, sino como un derecho humano fundamental.

Si la idea es esa, entonces el asunto es más grave: no entiendo por qué podría suponerse que todos deben tener un título universitario. Existen miles de actividades que no requieren, en absoluto, que alguien ocupe cinco años de su vida en las aulas. Estudiar una carrera profesional para dedicarse a alguna de estas actividades implicaría, entonces, un grave costo, social y personal.

La educación es un sistema meritocrático por definición. En donde este supuesto no se cumple, la educación simplemente no sirve, como en México, o para el caso, en toda América Latina. Si bien la educación básica es, sin lugar a dudas, un derecho humano fundamental, lo mismo no puede decirse de la educación superior. Se entiende que los rectores quieran ser tratados como secretarios de Educación, o quieran que su fuente de trabajo alcance mayor importancia, pero esta definición es una barbaridad.

La única manera de que la educación superior sea accesible a todos es que deje de ser superior. Simple y llanamente, no todos los seres humanos están llamados a estudiar una carrera profesional, por su vocación o por su capacidad. Entiendo, y comparto, el interés de que no sean razones económicas las que impidan a una persona estudiar una carrera. Pero no puedo compartir la idea de que cualquiera está capacitado por la naturaleza para tener un título.

Lo que ocurre cuando uno quiere ampliar artificialmente el número de graduados es lo que hoy podemos ver en México: miles de licenciados que no saben leer ni escribir, miles de ingenieros que no saben resolver una derivada, miles de médicos que son un riesgo público. Y es que en eso acaba uno cuando quiere hacer todo público, en dañar a la sociedad.

Como escribía el viernes en la primera sección, estamos en plena economía del conocimiento. Éste es el factor de producción que más valor agrega hoy en día. Es imperativo que América Latina participe en la creación de conocimiento, y México en particular. Pero eso no ocurre teniendo más profesionistas, sino mejores, y eso sólo ocurrirá si logramos resolver los problemas en la educación básica que destruyen a potenciales estudiosos años antes de que lleguen a la universidad.

Eso deberían pedir los rectores: una mayor y mejor inversión en educación básica que los dotase de mejores aspirantes. Pero eso no da brillo social, ni mayores presupuestos. Por eso lo que piden son más recursos para ellos, sabiendo que sus resultados serán igual de malos, así tengan más dinero, porque no hay magia, cuando un alumno llega a la universidad sin poder leer bien, ya no hay nada que hacer.

Seamos serios: lo que necesitamos resolver es la educación básica, impulsando desde ese nivel a los niños que tienen madera para convertirse en profesionistas. No todos la tienen. Muchos podrán dedicarse, para mejor provecho suyo y de la sociedad, a las miles de actividades que no requieren perder el tiempo en un salón en el que no entienden nada.

El beneficio social de la educación superior no ocurre cuando todos pueden entrar en ella, sino cuando de ella salen personas capaces, que pueden multiplicar el bienestar de la sociedad gracias a los conocimientos que han adquirido. De ahí el valor de los títulos, que garantizan (o deberían hacerlo) que las personas que los ostentan efectivamente han adquirido esos conocimientos. Cuando eso no ocurre, los títulos pierden su valor para la sociedad. No se pregunte entonces por qué ahora un título no garantiza un empleo, la respuesta es evidente: no lo valen.

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