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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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20 Enero 2020 04:05:00
Efecto dominó
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Mientras los ombudsman estatal y nacional miraban para otro lado y Rubén Moreira se contemplaba el ombligo y planeaba su despedida del Gobierno cual defensor del pueblo, el mismo día de su último Informe, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el análisis Control… sobre todo el estado de Coahuila. Según el documento, “varios testigos describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira a cambio del control total del Estado” (El País, 6.11.17).

Desarrollado en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios –ganador, el año pasado, del premio Sergio Vieira de Mello que otorga la Asociación Villa Deciusa, de Polonia– el informe se sustenta en el análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en Estados Unidos. “Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Río, Texas, por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero”.

Ofendido en su ego, Moreira restó importancia al estudio, cuestionó su veracidad y amagó con demandar a la Universidad de Texas, lo cual no ha ocurrido. Con base en el mismo informe, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el subdirector del Centro Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, presentaron el 6 de julio de 2017, ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad. Los juicios en Estados Unidos aportan “más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del Gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo de los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos”, dice el documento.

Un día después de la denuncia ante la CPI, Proceso publicó: “Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante los tribunales de Texas, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de su Gabinete, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”. A partir de entonces, el Gobierno inició una andanada judicial y mediática contra el obispo Vera –fundador del Centro Juan de Larios y de la Casa del Migrante de Saltillo– y activistas por los derechos humanos.

La Clínica de Derechos Humanos advierte que “el control de los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército, y políticos estatales. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira (…). Según los testimonios, la influencia de los Zetas sobre todo el estado de Coahuila en todos los niveles de Gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios (…) con impunidad, y a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales”.

El testimonio de un capo –Jesús “El Rey” Zambada– provocó la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien habría recibido hasta 6 millones de dólares del cártel de Sinaloa. “El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:9-15).
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