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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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05 Mayo 2019 04:10:00
El aeropuerto de Santa Lucía
El crecimiento de nuestro país requiere de fuertes inversiones en sectores estratégicos, que además de impulsar el desarrollo económico, sean respetuosos de los temas ambientales y sociales. Las decisiones que hoy se adopten serán fundamentales para asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

Por ello, en mi carácter de diputada federal he convocado a representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo, así como a miembros de la sociedad civil, el sector privado y la academia, a debatir sobre los megaproyectos que la actual Administración federal promueve, entre ellos la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Estos megaproyectos exigen una planeación estratégica, es decir, una serie de estudios que detallen las fases en que se habrán de desarrollar, en el entendido de que sin este análisis se corre el riesgo de ejecutar obras sin una justificación técnica-económica que provocan el desperdicio de recursos humanos y financieros.

Una adecuada planeación estratégica ayudaría a evitar casos como el del tren Toluca-Ciudad de México, en el cual son fácilmente observables los tramos con obra concluida que colindan con tramos que presentan nulo o poco avance, esto último debido a problemas legales con los propietarios de las tierras por las que transcurre la vía férrea.

La planeación estratégica reduce estos riesgos a través de la identificación de los obstáculos y la previsión de cómo superarlos. Otro ejemplo negativo es la construcción del Tren Maya, cuyo presupuesto para realizar los estudios de preinversión aumentó 710%, al pasar de 120 a 972 millones de pesos.

A ello se suma que según datos del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO), solo uno de cada mil megaproyectos tiene posibilidades de alcanzar éxito. Por ello es indispensable que la planeación estratégica sea el eje fundamental de las obras que se construyan en el sexenio, tomando como base el desarrollo sustentable del país.

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se ubicaría en Texcoco, el Gobierno federal ha impulsado la transformación de la Base Aérea Militar número 1, en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, ubicado en Zumpango, Estado de México, a 45 kilómetros del actual Aeropuerto de la Ciudad de México. Santa Lucía contará con dos pistas; la primera con un tamaño de 5.1 kilómetros y la segunda de 4.6 kilómetros.

El aeropuerto, recién bautizado como Felipe Ángeles, tendrá un costo final, de acuerdo con el Plan Maestro difundido por el equipo del Presidente, de 70 mil 342 millones 105 mil 51 pesos, aunque un nuevo estudio publicado esta semana estima que el precio se elevó 11.7% para quedar en 78 mil 557 millones.

Este incremento obedece, entre otras causas, a la existencia del cerro de Paula, elevación de 240 metros sobre tierra, localizada a unos 10 kilómetros de Santa Lucía, que no aparecía en el proyecto original y que obliga al rediseño de las pistas con un incremento de costos. Es decir, un falla en la planeación estratégica que, de no corregirse adecuadamente, puede tener otros efectos en la obra.

El mayor costo del aeropuerto está relacionado con las vialidades que deben ser construidas para conectar a Santa Lucía con la Ciudad de México. En el concepto de “vialidades exteriores” se presupuestan 16 mil 500 millones de pesos, más 165 millones que ayudarán al equipamiento. Por otro lado, se prevé construir el tramo faltante del Viaducto Bicentenario-Circuito Exterior Mexiquense, que costaría un total de mil 336 millones de pesos en la terminación más el equipamiento.

Asimismo, el anteproyecto y antepresupuesto contempla 31 obras, entre las que destacan la creación del edificio terminal, un hotel, una terminal de autobuses, hangares, un distribuidor vial y las dos pistas aéreas citadas. Con estas adecuaciones el aeropuerto realizará 190 mil operaciones y atenderá 20 millones de pasajeros anuales, según estimaciones del Gobierno federal contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

El profesor David Galicia, economista egresado de Harvard, estima que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, incluyendo la recompra de bonos a inversionistas, el premio pagado a los mismos y las obras iniciadas que hay que indemnizar, asciende a 157 mil 280 millones de pesos. A lo cual deben sumarse las pérdidas de inversión, empleo y capital que se dejan de ganar por 489 mil 403 millones. Si a ello se agregan las inversiones perdidas en infraestructura (315 mil millones) y el costo mismo del aeropuerto de Santa Lucía (90 mil 440 millones), el costo final de cancelar el NAIM y construir Santa Lucía podría ascender a un millón 52 mil 123 de millones de pesos.

México requiere urgentemente mejorar su capacidad aérea ante la sobresaturación del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con los consecuentes beneficios económicos, turísticos y de movilidad de personas. En este contexto, el aeropuerto de Santa Lucía, y otros megaproyectos, deben ser ejemplo de planeación estratégica que eviten los vicios de otras obras y con ello se ejerza el gasto de manera eficiente y racional.
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