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Columnista Invitado
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14 Julio 2019 03:00:00
El afán de violar la Constitución
El martes 9 de julio amaneció con tres noticas que generaron desazón y desconcierto en el escenario político nacional. Por un lado, en las primeras horas se hacía pública la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda; más tarde se dio a conocer la detención del abogado Juan Collado por presuntamente estar implicado en actos de corrupción y, al mismo tiempo, se difundía la noticia de que el Congreso de Baja California había reformado la Constitución de esa entidad federativa para ampliar el periodo del Gobernador electo de dos a cinco años. Específicamente me referiré a este último hecho por lo que representa para nuestro régimen democrático, para el orden constitucional y el estado de derecho.

Como antesala para entrar al fondo del tema, la primera pregunta a responder es ¿por qué el periodo de la gubernatura de Baja California durará solamente dos años? Hay que decir que, desde la reforma electoral de 2007 y en mayor medida la del 2014, se implementaron reglas que tienen como fin empatar el calendario de las elecciones locales con el de las federales. Bajo esta lógica, la gubernatura que ostentará Jaime Bonilla Valdez (gobernador electo por Morena) corresponde a un periodo de dos años, para que la próxima elección de gobernador se celebre el mismo año de la elección intermedia de diputados federales, es decir, en el 2021 (a partir de ese año a la Gubernatura le corresponderá el periodo convencional de 6 años).

Sin embargo, el propio Jaime Bonilla, en ese afán de violar la Constitución para perpetuarse en el poder por más tiempo que el mandatado por los propios electores, intentó, previamente, diversos mecanismos para ampliar su mandato. Los dos primeros surgieron desde el Tribunal Electoral Local, que mediante un par de sentencias (24 de febrero y 7 de mayo de 2019) intentó que el periodo de la Gubernatura fuera de cinco y no de dos años. En la primera resolución ordenó al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE) modificar la convocatoria para la elección de Gobernador en tales términos, en la segunda inaplicó el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 por el que se reformó la Constitución local en el año 2014, el cual dispone establece que el gobernador electo iniciaría funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluiría el 31 de octubre de 2021. Ambas resoluciones fueron revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante el fracaso obtenido por medio de la estrategia judicial, en el tercer intento se optó por recurrir a la vía legislativa, por lo que el Congreso del Estado (con mayoría del PAN) reformó el referido artículo Octavo Transitorio con 21 votos a favor (PAN 9; PRI 5; Morena 3; PRD 1; PT 1; MC 1 y Transformemos 1), tres abstenciones y un voto en contra.

Esta reforma, evidentemente, se traduce en la vulneración de diversos principios constitucionales. Por ejemplo, el Artículo 41 de la Constitución dispone que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; este último principio, el de la periodicidad, implica, por una parte, que de antemano los electores saben por cuánto tiempo otorgarán el mandato a determinado candidato.

En el caso de Baja California, las y los electores acudieron a las urnas con el fin de elegir a la o el gobernador que ejercerá el cargo por un periodo de dos años, por lo que las diputadas y diputados bajacalifornianos, con tal determinación, atropellan el mandato popular de los votantes.

Ahora bien, por la naturaleza del acto (reforma constitucional), la ruta adecuada para recurrirla es por medio de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien, en su momento, determinará la constitucionalidad o no de la reforma al artículo Octavo Transitorio. Visto desde otra óptica: ¿se imagina usted que el Congreso de la Unión reforme la Constitución para ampliar el mandato de AMLO en la Presidencia de la República...? Eso pasó en Baja California.

Por: Gerardo Blanco
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