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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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01 Junio 2019 03:50:00
El cáncer de la Administración pública
Explicaba hace un par de semanas que nepotismo es cuando un funcionario, utilizando sus atribuciones y poder, favorece indebidamente a un familiar consanguíneo o por afinidad en la asignación de un empleo, cargo o comisión bajo su mando, dirección o responsabilidad. Por otra parte, debemos hablar del conflicto de interés, figura que existe desde hace muchos años en todas las leyes donde las autoridades deben garantizar que no participarán en negocios, asuntos legales o resoluciones administrativas donde se vean involucrados familiares consanguíneos o por afinidad.

Sin embargo, ante los persistentes y cada vez mayores actos de corrupción en la Administración pública federal, estatal y municipal, se optó por establecer un control mayor a través de las leyes en aras de prevenir, contener y combatir dichos actos donde los servidores públicos favorecen con contratos a proveedores y contratistas que son familiares, socios o, en casos más extremos, contratan a sus propias empresas, desplegando un cinismo inaudito. En los hechos algunos municipios, en todo el país, como en Coahuila, siguen, gran porcentaje de todos ellos, practicando sin empacho alguno la contratación de servidores públicos, que en realidad son familiares.

Al tiempo, la práctica de favorecer a familiares y socios con contratos de obras públicas, servicios, insumos y arrendamientos de todo tipo, es tan común que resulta inexplicable, ya que además, es bien sabido que ni siquiera intentan ocultarlo con trucos contables y financieros, sino que lo hacen de modo abierto y descarado. El conflicto de interés, igualmente, es un cáncer que permea a toda la Administración pública, pero es casi intocable en los municipios, donde estos se escudan en cosas como falta de reglamentos, falta de personal capacitado para entender dichas conductas, la creencia de que contratar a familiares como proveedores no tiene nada de malo, la creencia de que el derecho al comercio y al trabajo del proveedor debe privilegiarse por encima del conflicto de interés, entre otros argumentos.

En este sentido, las contralorías municipales deben contar con la atribución expresa de: supervisar y valorar este tipo de conflictos, función que es perfectamente compatible con los alcances y naturaleza de los órganos de control de los municipios. Además, el contralor, como no puede fiscalizarse asimismo, situación que representa un vacío en nuestra legislación, por eso debe responder a manera de informe mensual sobre actos de nepotismo o conflicto de interés detectados dentro de la Administración ante el Cabildo, creo que sería lo más apropiado para darle la mayor certeza, imparcialidad y honestidad a sus funciones. En fin, falta mucho en materia de imparcialidad y honestidad en la Administración pública, pero con mejores leyes, podremos lograr la transición de la opacidad a la transparencia.
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