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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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07 Diciembre 2009 04:00:57
El despacho González de Aragón
Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente

El todavía auditor superior de la Federación finalmente entendió que el clima en el Congreso le era adverso para intentar continuar en el cargo después de ocho años. Arturo González de Aragón había cabildeado entre políticos, periodistas, académicos y algunos burócratas calderonistas para permanecer al frente de la Auditoría, pero su pasado, que pocos conocen, lo traicionó y lo llevó a desistir de su perversión.

Como colofón de su fracaso han utilizado micrófonos y grabadoras de medios de comunicación para lavar su imagen mediante acusaciones de corrupción en el Gobierno federal, que nunca combatió con la misma vehemencia con que intentó mantenerse al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González de Aragón dijo en su carta de renuncia: “La Auditoría Superior de la Federación no debe ser una más de las instituciones que se deterioran, como ha sido el caso de muchas otras”, y advirtió que “se deberá tener especial cuidado en la elección del auditor que fungirá para el periodo 2010-2017, para lo cual deberá garantizarse que la persona elegida no provenga de partido político alguno y no tenga conflictos de intereses, pues de otra manera será difícil garantizar la neutralidad en la actuación de la ASF, y por lo mismo perder la credibilidad y confianza que ha ganado de los ciudadanos”.

Entre sus logros, el auditor asegura que desmanteló la red de corrupción que se tejió alrededor de la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y los fideicomisos creados por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar miles de millones de dólares, lo cual es falso, pues esta investigación la hicieron en la Secretaría de la Función Pública y González de Aragón del monto al final en la operación para señalar irregularidades en las operaciones. También afirma que, gracias a las gestiones de la ASF, el erario logró recuperar miles de millones de pesos relacionados con el rescate bancario. Falso esto último, porque siempre utilizó cifras de cuantiosas recuperaciones que nunca pudo probar.

Con esos argumentos, el auditor decía que su gestión de combatir la corrupción le había generado muchos enemigos en todos los frentes políticos: en el PAN, en los círculos de los poderes fácticos ligados al PRI y hasta en el PRD. El motivo es que fueron legisladores de esos tres partidos los que buscaron demostrar que González de Aragón incurrió en serios conflictos de interés, en omisiones dolosas y en complicidades con la administración de Vicente Fox, a quien el auditor siempre protegió junto con su familia política.

Pero ahora, con su renuncia, González de Aragón no quiso someterse a la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre su reelección, porque seguramente sería negativa y saldrían a la luz pública las operaciones irregulares y negligencias en las que incurrió el citado contador público, como fue el hecho de recibir millones de pesos de la llamada partida secreta que se operaba discrecionalmente desde Los Pinos, o su relación con Marta Sahagún para proteger a los hermanos Bribiesca.

Por Ley, González de Aragón tendría derecho a someterse a un segundo periodo que expiraría en 2016, pero el Congreso le impidió que esto fuera de facto y debía someterse al escrutinio de los legisladores, lo cual rechazó por saber que allí no tendría posibilidades ante verdaderos expertos en la materia como son Juan Felipe Calderón Montelongo, Mónica Barrera y Enrique del Val, entre otros 40 más.

Al declararse vencido con la intención de pasar a la historia como un hombre perseguido por los poderes fácticos y políticos del país y no como un funcionario que no dejó pasar la oportunidad de hacer negocios –a través de sus hijos– al amparo del poder. De haberse sometido a un proceso de reelección, además es casi seguro que González de Aragón no habría salido victorioso porque los legisladores hubieran revisado sus cuentas y labor de fiscalización. El auditor hubiera tenido que presentar paso a paso un plan de trabajo que justificara su reelección.

Ahora que González de Aragón decidió desistir, la Comisión de Vigilancia de la ASF tendrá que revisar entre decenas y decenas de aspirantes al cargo promovidos por los partidos políticos que, en teoría, tendrían que mantener las manos fuera del proceso, porque la elección del titular de la ASF debe ser, eminentemente, un cargo ciudadano. Sin embargo, nos guste o no, el proceso de quién será el principal revisor de las cuentas públicas, se ha partidizado y cada vez se aleja más de su objetivo básico.

La ASF es una institución que fue diseñada para que el Poder Legislativo ejerciera sus facultades de fiscalización sobre el gasto público (la única que hay en el país), y por ello está restringida al principio de la anualidad y de la posterioridad. Su responsabilidad primordial es evaluar si se cumplió el mandato de la Ley de Presupuesto. Por ello es tan importante que el titular de la ASF cumpla en tiempo y forma con su responsabilidad sin dejarse someter a presiones políticas o intereses privados.

Sin embargo, en los últimos ocho años se gestó una falsa idea de que la ASF era un órgano construido para perseguir o ejercer acciones punitivas contra funcionarios corruptos. En realidad, el responsable de la ASF hubiera cumplido con creces su función si se hubiera dedicado exclusivamente a evaluar si el Ejecutivo y otras entidades del Estado cumplen con lo establecido en el Presupuesto.

Si se confirmara que González de Aragón utilizó el despacho de sus hijos para cerrar contratos con la administración pública, entonces estaremos al frente de un hombre que quiso hacer creer a la opinión pública que se erigió como el perseguidor de funcionarios corruptos, pero que fue omiso en aquellos casos en los que escondía un claro interés. Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente.

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