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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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02 Diciembre 2018 04:06:00
El ‘Estado de bienestar’
Comienza una nueva era, según la peculiar costumbre mexicana de dividir la historia en sexenios. Se anunció ayer oficialmente al rendir protesta el presidente López Obrador, como se había anticipado ya por él mismo y su equipo cercano, que en ella será instaurado el “estado de bienestar”.

Las características de ese modelo y los resultados de su desempeño en la historia, en vista de lo que podrá ocurrir en México a partir de hoy, bien merecen mayor atención que la que ha recibido hasta hoy.

La idea surgió en el siglo 19, en la Alemania de Bismarck. En esos días las estructuras sociales y las de poder eran rígidas y las diferencias sociales prácticamente infranqueables, en tanto que las condiciones de explotación de los trabajadores en el seno de un capitalismo sin restricciones y una clase trabajadora en la que habían permeado las ideas marxistas, produjeron una efervescencia que amenazaba severamente al
“statu quo”.

Para neutralizar esa tendencia, el parlamento emitió un paquete de leyes que conferían a los trabajadores protección a través de la cobertura elemental de riesgos tales como enfermedades, accidentes, edad avanzada o invalidez, por ejemplo. Varios lustros después, Inglaterra adoptó medidas legales que incorporaron las mismas garantías, pero añadieron el seguro de desempleo.

Después vendrían, en los Estados Unidos y otros países industrializados, el seguro de salud, la asistencia a las familias con hijos a su cargo, la vivienda para familias de bajos ingresos, los subsidios para otro tipo de vivienda, la formación profesional y otras prestaciones destinadas a cubrir las necesidades de los menos dotados de medios propios para hacerlo.

La inclusión en la agenda estatal de los asuntos sociales, según este modelo, tiende a evitar la alienación de grandes conglomerados de seres humanos, así como su marginación frente a los beneficios del progreso, entendido este en su extensión más amplia y
comprensiva.

La debilidad de ese modelo, ahí donde se ha aplicado, es la dependencia que mantiene frente a la disponibilidad de recursos suficientes para financiar sus programas, puesto que los fondos públicos requieren primordialmente de fuentes impositivas, que sólo crecerán en la medida en que crezcan los ingresos que son su fuente, y esto no puede tener lugar sin una creciente inversión privada en la actividad económica.

Ha ocurrido así por diferentes razones. Ocupa un lugar relevante, entre las que se han aducido, la resistencia de los sectores capitalistas; siendo eso verdad, no deja de tener importancia –quizás mayor, inclusive– el impacto inhibitorio de las energías productivas, sociales e individuales, que conlleva la instauración de políticas públicas meramente asistenciales y paternalistas.

La dignidad a la que la gente aspira –y a la que tiene un derecho irrenunciable– demanda contar con posibilidades de proveer, por sí misma y con decoro, a la satisfacción de sus necesidades y las de quienes sean sus dependientes.

Es entonces cuando se presenta la necesidad de replantear los términos del modelo y nace la idea del “estado social” que, si bien no deja de ser prestacional y redistribuidor, introduce principios propios de la justicia social y sus aplicaciones políticas y económicas, tal como son los principios de solidaridad y subsidiaridad.

En este caso se trata, en primer lugar, de un estado que proclama al trabajo como un deber y no sólo como un derecho fundamental; en segundo, que se ocupa de garantizar los derechos y libertades fundamentales, incluida la promoción de condiciones propicias para que tenga lugar un más equitativo reparto de las rentas.

En el modelo de “estado social”, que es democrático y está sometido al orden jurídico, lo que procede es estimular la participación de todos, equitativamente, en la construcción del desarrollo pleno del potencial individual y comunitario, asumiendo el Gobierno, siempre conforme a derecho, la función de conducir la “cosa pública” en orden de hacer viable el desarrollo pleno de la comunidad y de quienes la integran.

Considerar esos matices podría contribuir a limar las asperezas del terreno por recorrer.




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