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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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09 Diciembre 2018 04:07:00
El Fondo Minero en peligro
En estos días se llevan a cabo intensas negociaciones en la Cámara de Diputados para concluir, antes del 31 de diciembre, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.

Al respecto, en diversos medios de comunicación se ha informado que el Gobierno federal tiene previsto utilizar una parte de los recursos de ocho fondos y fideicomisos para redirigirlos a otros rubros, particularmente al pago de deuda y obras de infraestructura.

Estos recursos provendrían de las siguientes áreas: “Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera”, “Contragarantía para el Financiamiento Empresarial”, “Financiera Rural”, “Fondo Nacional 1936 de Infraestructura”, “Programa e-México”, “Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”, “Apoyo para la Infraestructura y Seguridad” y el “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros”, también conocido como Fondo Minero.

Con relación a este último, cabe recordar que en diciembre de 2013 se reformó la Ley Federal de Derechos (artículos 271 y 275), con el objeto de constituir el Fondo, el cual está administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El Fondo se integra por el 80% de la recaudación total pago de derechos Especial, Adicional y Extraordinario que cubren las empresas mineras y tiene como finalidad elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción a través de la realización de obras de infraestructura social.

De este modo el Artículo 275 establece que para aplicar los recursos del Fondo cada Entidad federativa debe constituir un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por distintos representantes de los tres órdenes de gobierno, de las distintas comunidades indígenas o núcleos agrarios, así como de las empresas mineras.

A efecto de reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual indica en su Artículo Décimo Quinto que los recursos del Fondo deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo: I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público; III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

En tal sentido, y de acuerdo al registro estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina anualmente la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del total nacional, y con base en ello se distribuyen los recursos.

Con esta base, cifras oficiales de SEDATU señalan que en 2017 el monto total del Fondo, a nivel nacional, ascendió a 3 billones 705 millones 377 mil 518.00 pesos, de los cuales el Estado de Coahuila recibió 265 millones 356 mil 489.70 pesos, divididos en 99 billones 508 mil 683.64 para el Gobierno del Estado y 165 millones 847 mil 806.06 pesos. Esta última cantidad se distribuyó entre los municipios de Abasolo, Acuña, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Hidalgo, Juárez, Monclova, Múzquiz, Nava, Ocampo, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas, San Pedro y Sierra Mojada.

Como puede apreciarse, el Fondo Minero ha permitido dirigir valiosos recursos a obras de infraestructura que buscan compensar, así sea en forma parcial, las afectaciones a las comunidades que desarrollan en sus territorios actividades mineras. Por tal razón, El Fondo no sólo debe mantenerse, sino que es indispensable incrementarlo para, con base en reglas claras y transparentes, se siga ejerciendo en beneficio de dichas comunidades.

El sector minero ejerce una gran presión sobre los ecosistemas y recursos naturales, por ello es indispensable contar con mecanismos financieros sólidos que aseguren el desarrollo sustentable de las regiones en donde se desempeña.

La austeridad no debe significar desatender las necesidades de grupos vulnerables ni retirar medidas que han tenido un impacto positivo. Por ello, habré de realizar gestiones ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuente con los recursos suficientes para seguir con su importante labor.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!


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