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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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27 Octubre 2019 04:08:00
El informe final de Miriam: de factureras y dispendio en el Tribunal de Coahuila
Durante la presidencia de Miriam Cárdenas Cantú en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que inició en enero de 2016 y anticipadamente terminará la próxima semana, el órgano jurisdiccional de Coahuila gastó casi 4 millones de pesos en alimentar a sus magistrados, siendo los principales beneficiarios de dicho consumo restaurantes de Saltillo en los cuales ella tiene participación, o propiedad de familiares directos.

El tema podría parecer menor si se compara con otros en una entidad aquejada por la corrupción, siendo este el principal problema que identifica 62% de los coahuilenses, como demuestra la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi.

Sin embargo el asunto refleja el dispendio en el Poder menos observado por la opinión pública. A muy pocos interesa su actuación, más allá de los directamente involucrados. Incluso ahora, cuando hay cinco vacantes de magistrado a ocupar y se ubica en un punto crítico para la próxima década, tampoco causa expectación.

Del total gastado en “alimentos”, estimado en 3 millones 991 mil 411 pesos, más de un millón fue facturado a la razón social Capricus, S.A. de C.V. Es decir, una cuarta parte. La mayoría de las adjudicaciones “a solicitud de la Presidencia”. Y aquí viene lo interesante: dicha sociedad mercantil fue constituida por Miriam Cárdenas en 2011, aunque cedió sus acciones en 2012, como consta en la escritura 375, de fecha 9 de marzo ante el notario público Francisco del Bosque de Valle.

La Oficialía Mayor del Tribunal reportó 637 facturas por “alimentación” entregadas de enero 2016 a septiembre de 2019 (exceptuando mayo de 2016, mes que fue reportado erróneamente, y octubre de 2019, aún en proceso de elaboración del reporte). Comprobantes fiscales que van desde 98 pesos hasta 270 mil 823 en una sola exhibición. Con los datos disponibles resulta un promedio de 15 comidas al mes, una cada dos días durante cuatro años consecutivos. Y cada cuenta de restaurante por 6 mil 293 pesos.

Buen negocio es el Tribunal. O por lo menos uno constante, que no es poca cosa en ciudades donde se deben exprimir las piedras para obtener una ganancia, como Saltillo. Tan solo en el último bimestre de 2018 (noviembre-diciembre) la Oficialía Mayor gastó un millón de pesos en alimentos. Quizá la cantidad no le genere ruido, pero en épocas de austeridad republicana y disputas en la conformación de presupuestos para el próximo año, cada peso cuenta.

Pero ahí no acaba el asunto. El 13 de julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia pagó las facturas 1470 y 1474, cheque 520352, por concepto de “mobiliario”. Si bien la cantidad es mínima: 6 mil 238 pesos, la razón social beneficiada fue Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V., misma que cobró 25 millones de pesos al Gobierno de Coahuila entre 2011 y 2017, y el 14 de marzo de 2017 fue declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al incluirla en su lista definitiva de personas físicas y morales que facturan operaciones simuladas.

En el informe –no oficial– de la presidencia encabezada por Miriam Cárdenas cabe señalar que, entre sus proveedores más recurridos, figuran también algunos de los favoritos del Instituto Electoral de Coahuila: XM Comunicación, S.C. (con 878 mil 818 pesos cobrados), Efrén Miguel Ayala de la Garza, o Movi Technology, S.A. de C.V., y que dinero público pagó conceptos como un “recorrido y degustación por viñedos” en General Cepeda, renta de avionetas privadas u hospedajes de seis cifras en Parras y Cuatro Ciénegas durante temporadas vacacionales. Y aquí viene lo interesante. A la sociedad mercantil ZAV Asesores, S.A. de C.V. le fueron abonados 499 mil 250 pesos entre ocho exhibiciones por escanear documentos y hacer unas etiquetas. Todo en 2018.

Lo insultante del precio no es lo trascendente. La presunta empresa tiene relación con las otras factureras que fueron usadas para saquear al Tribunal, publicadas en este mismo espacio el 20 de octubre (Procurador de Insumos, S.A. de C.V. y Obras KWX, S.A. de C.V.). ZAV Asesores, S.A. de C.V., constituida de igual forma en 2012 ante el mismo Notario 10 de Saltillo, Guillermo H. González González, tiene por delegado especial a Jesús Salvador Retta Lara, quien, se dijo aquí la semana pasada, está registrado como “intendente” de la Universidad Autónoma de Coahuila. Algunas de sus facturas fueron pagadas el mismo día que a Procurador de Insumos, S.A. de C.V. (24 de octubre de 2018, por ejemplo).

Cortita y al pie
El informe –no oficial– continúa. A la sociedad civil Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación, a su vez, el Tribunal entregó 10 millones 987 mil 874 pesos por supuestas licencias de software difíciles de verificar. A Mer Communication Systems de México, S.A. de C.V., le fueron pagados 9 millones 314 mil 508 pesos por supuestas
videograbaciones.

Asimismo a una empresa constituida en Arteaga en 2014 con el objeto de ofrecer “lavado de alfombras” entre otras actividades, Servicios Clean Place, S.A. de C.V., le fue encargado un equipo de monitoreo a través de circuito cerrado de televisión, módulos de vigilancia y servicios electrónicos, embolsándose 5 millones 669 mil 834 pesos a través de 12 facturas.

Sus socios son Gabriel Salvador Garza Zambrano y Enrique Alejandro Beltrán Jiménez, siendo el primero de estos el administrador único. Y justo aquí salta un vínculo curioso. GGZ Mantenimientos, S. de R.L. de C.V., creada el 3 de julio de 2018 en la Notaría 77 de Saltillo con Luis Fernando Valdés Cabello, mismo fedatario que registró la persona moral Servicios Clean Place, S.A. de C.V., y con domicilio en Parras de la Fuente, tiene por socios a Gabriela Elosegui Macías y Alejandro Valdés Treviño, y por administrador al ya mencionado Gabriel Salvador Garza Zambrano.

Aunque su giro también es el “lavado de alfombras”, desde su creación se agenció 19 adjudicaciones directas con el Tribunal, sumando 6 millones 134 mil 916 pesos por trabajos que van desde instalación de placas solares hasta mantenimiento de
transformadores.

La última y nos vamos
El Poder Judicial, antes del gasto público, debería ser revisado por sus sentencias, particularmente su técnica jurídica e interpretación de los casos. El punto es que no se le observa ni se le fiscaliza de ninguna manera, y campea el desinterés ciudadano en su actuación pese a que se renovará el 31 de octubre. No extraña, por tanto, su estado actual: de rodillas y saqueado.
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