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27 Octubre 2019 04:05:00
El mal uso de la democracia participativa II
Por: Gerardo Blanco

El asunto de la democracia participativa, comentamos el domingo pasado, no resulta ser una buena idea cuando son los gobiernos y no los ciudadanos quienes se benefician de ella.

Abordamos, a vuelapluma, el caos político, económico y social que ha provocado el Brexit, al no existir hasta el momento un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para pactar una salida en la que ambos salgan satisfechos. Sobrevolamos por el referéndum por la paz en Colombia y el fallido referéndum separatista en Cataluña, cuyos estragos profundizan la crisis hasta hoy.

Sin embargo, los ejemplos abundan. El convulso proceso electoral que se vive actualmente en Bolivia, mediante el cual el presidente Evo Morales pretende reelegirse por tercera vez para ejercer su cuarto mandato consecutivo, está precedido por un referéndum, celebrado en febrero de 2016, cuyos resultados arrojaron que 51% de ciudadanía boliviana rechazaba modificar la Constitución para permitir al Presidente reelegirse por un periodo más.
Ignorando por completo el resultado de la consulta, el Tribunal Constitucional de Bolivia determinó, en una resolución absurda, que limitar el mandato presidencial a solo dos periodos constituía una violación a los derechos políticos del Presidente, permitiéndole volverse a postular en las elecciones de este año.

Precisamente por su naturaleza, como muchos otros derechos humanos, los derechos políticos tienen límites intrínsecos con el fin de proteger los principios esenciales de la democracia. Este es el caso, ya que el ejercicio de los cargos públicos en los regímenes democráticos debe estar supeditado a un periodo claramente determinado, con el fin de garantizar la periodicidad de las elecciones y evitar los cacicazgos.

Por lo que respecta a México, como mencionamos la semana pasada, el Senado de la República modificó la Constitución federal para regular la figura de la revocación de mandato. Según el dictamen, la revocación de mandato deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

A pesar de ser una figura de la democracia participativa que, en apariencia, les otorga el poder a los ciudadanos para remover de manera anticipada a los malos gobernantes, la realidad es que paradójicamente, puede ir en detrimento de la estabilidad democrática y de la gobernabilidad, cuando se utiliza de manera perversa por los partidos políticos o por el Gobierno en turno.

El referido dictamen dispone, para bien, que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea la autoridad encargada de convocar y organizar dicho ejercicio, y, en su caso, los Oples en los estados. Se podrá promover en contra del Presidente de la República y de los gobernadores en cada una de las entidades federativas. Aunado a ello, solo podrá ser solicitado por las y los ciudadanos “en un número equivalente, al menos, 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a cuando menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.

Además, solo se podrá utilizar en una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, y por ningún motivo se podrá celebrar de manera concurrente con las elecciones constitucionales, como inicialmente pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para que la revocación de mandato cumpla sus objetivos, el reto, aunque se antoja complicado, será que los partidos no la utilicen como una herramienta de permanente amenaza para el Gobierno, movilizando a su militancia para la recolección de firmas o, por otro lado, que sea el propio Gobierno que lo utilice para buscar una legitimidad engañosa con el fin de perpetuarse en el poder.

Aunque esto sería lo deseable, la lógica nos invita a pensar que será todo lo contrario.
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