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Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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29 Septiembre 2019 04:09:00
El negocio del voto electrónico en Coahuila: $152 mdp en el aire
Poco ruido causó en los medios de comunicación, casi ninguna expectación entre actores y partidos políticos locales, y lo más importante: nulo interés ciudadano. Pero el pasado 28 de junio la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León, presentó una iniciativa con proyecto de decreto –a título personal, cabe señalar– para utilizar urnas electrónicas en los próximos procesos electorales estatales, y que sea el Consejo General del IEC quien apruebe el modelo.

Salvo que suceda un sorpresivo albazo el miércoles 2 de octubre, la propuesta no fraguará para las próximas elecciones del 7 de junio de 2020 como se pretendía, cuando los coahuilenses voten por representantes populares, ya que cualquier modificación al Código Electoral debe realizarse 90 días antes de iniciar el proceso, considerando que este inicia el 1 de enero.

Faltan tres días para vencer el plazo fatal y la siguiente sesión del Congreso fue convocada justamente para el 2 de octubre, fecha que significa también la última oportunidad para discutir las propuestas del PAN tendientes a recortar el periodo legislativo de los diputados a un año (Juan Antonio García Villa) o aumentarlo a 3 años y 8 meses (Marcelo Torres Cofiño) por única ocasión.

Justo es decirlo: probablemente la de Gabriela de León sea una de las iniciativas mejor fundamentadas que se han presentado al Poder Legislativo durante la actual Legislatura LXI: es elocuente, moderna y queda bien con todos. Dice a cada uno lo que desea escuchar en 21 cuartillas.

No habría forma de que un diputado le negase su voto a favor, independientemente de la fracción parlamentaria a que pertenezca: argumenta que hay ahorros, es amigable con el medio ambiente, facilita el proceso electoral, aparenta comodidad y confiabilidad.

Sin embargo, hay un inconveniente: su operador es el IEC. Que no se olvide: el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que falló el PREP y el Conteo Rápido en una misma elección (2017). La vergüenza nacional. Ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia.

Y no solo es la desconfianza en su actuación, sino el negocio coyuntural como trasfondo. La presidenta del IEC ya tiene la cotización lista: 152 millones de pesos para comprar 3 mil 800 aparatos. A 40 mil pesos cada uno con una vida útil, según su exposición de motivos, estimada en 12 años.

Para dimensionar: en 2005 el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila construyó 45 urnas electrónicas a un costo de un millón 440 mil pesos. Es decir, a 32 mil la unidad. Sin perder de vista que hoy la generación tecnológica es más avanzada y menos onerosa.

Ello supone, tomando como punto de partida el precio de hace 14 años, que al día de hoy costarían 121 millones 600 mil pesos las 3 mil 800 máquinas que se pretenden comprar, por las que pagaría el IEC un sobreprecio de por lo menos 30 millones de pesos.

No obstante para tapar el ojo al macho el IEC lanzó una convocatoria el segundo semestre del año, dirigida a instituciones de educación superior y tecnológica, a fin de desarrollar un prototipo de urna electrónica con el compromiso de ceder luego los derechos de diseño y realización a cambio de un irrisorio premio de 50 mil pesos y una computadora. Aquí cabe cuestionar, si ya tienen el costo fijo y los datos técnicos de antemano, ¿para qué querrían quedarse con la información patentada? ¿Qué proveedor la necesita?


Cortita y al pie

Luego está la experiencia internacional. Países europeos (como Irlanda u Holanda) han experimentado elecciones con la urna electrónica y han terminado por desecharlas y volver a las papeletas luego de un tiempo de prueba. Alemania, por ejemplo, declaró inconstitucional su uso en 2009 a través de la Corte Constitucional bajo el argumento de que no es posible comprender y controlar su uso sin conocimientos técnicos especiales como algoritmos y criptosistemas. “La elección es cosa de todo el pueblo y no sólo de especialistas”, sentenció. No debe subordinarse a la tecnología, pues.

Su punto fue uno, y difícil de rebatir: con la urna electrónica no todos los pasos esenciales de la elección están sujetos al control público ni pueden ser auditados por cualquier persona.

Cito a continuación parte de la sentencia 2BVC3/07 y 2BVC4/07: “el fraude que se puede realizar con el software supera en mucho a las posibilidades del sistema tradicional. La manipulación puede alterar el resultado electoral de manera fraudulenta en una urna o en todas las urnas que utilicen el mismo software. En este último caso, de una manera simple y relativamente segura es posible cometer un fraude electoral de grandes dimensiones con el solo hecho de colocar en el lugar indicado un virus troyano, o instrumentos similares”.


La última y nos vamos

Por si fuera poco el Instituto Nacional Electoral, en la presentación de su prototipo de urna electrónica patentada en 2012, admitió el pasado 15 de abril que aún existe “riesgo de hackeo, interferencia e interrupción”.

Irónico, pero en la era más tecnificada de la historia, cuando vivir conectado a una pantalla rige nuestra existencia o el internet de las cosas ya pareciera un fenómeno natural, es preferible recurrir a descubrimientos milenarios como el papel y el carbón (materia prima de boletas y lápiz marcador), antes que a la urna electrónica del IEC.




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