×
Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
ver +
Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

" Comentar Imprimir
22 Marzo 2020 04:08:00
El Tribunal que ya estaba en cuarentena, antes de la cuarentena
Escuchar Nota
Probablemente usted no sabía que desde septiembre de 2017, hay un Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila. Y posiblemente tampoco sepa qué hace o para qué sirve.

Sin embargo no se pierde de mucho ignorándolo, por no decir que no se pierde de nada. Su actividad pública es completamente prescindible y hoy con motivo de la contingencia por la pandemia internacional de Covid-19 irónicamente se nota más; o su presencia se nota menos, según se vea.

Lo anterior viene a cuento, pues los cinco magistrados que integran su órgano de gobierno (Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas, María Yolanda Cortés Flores y Marco Antonio Martínez Valero) acordaron el martes que del 18 de marzo al 19 de abril “se suspenderán las labores generales”. Es decir, jurisdiccionales y administrativas. Todas. Tampoco habrá guardias en oficinas y no correrán los plazos en ese tiempo para efectos legales. Básicamente desaparecerá de la faz de la tierra durante un mes. Con goce de sueldo para sus empleados, eso sí.

A diferencia de otros entes autónomos en el papel, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, IEC, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, o el Tribunal Electoral de Coahuila, que por lo menos simulan mantenerse al pendiente durante la cuarentena, el Tribunal de Justicia Administrativa no tuvo ningún reparo en bajar la cortina y borrarse del mapa pese a que no atiende aglomeraciones, como la Dirección del Registro Civil o el DIF, y por tanto su riesgo de propagación por contacto con terceros es menor.

Pero el mundo gira con él, sin él, y a pesar de él. Por lo demás, una cosa es la prudencia en la toma de decisiones, necesaria debido al riesgo sanitario en que nos encontramos, y otra la intrascendencia de su función. Sobre este último punto se centran los argumentos.

Así, salvo los clásicos y cíclicos acicates mediáticos del Tribunal al tonto útil de la política comarcana, Isidro López Villarreal, exalcalde de Saltillo, a quien recurren con frecuencia los órganos presuntamente autónomos y supuestamente anticorrupción de Coahuila cuando necesitan legitimar su existencia y demostrar su eficacia mandando un mensaje a la opinión pública, el resto de su actuación es letra muerta. No pasa nada. ¿Quién podría extrañarlo?

Por eso su ausencia en estos días ni se nota. Se trata de un elefante blanco en edificio de cantera donde una burocracia cara tramita papeleos inútiles en un permanente trabajo de Sísifo… que no resulta barato: al año absorbe 52 millones 589 mil 856 pesos en presupuesto, destinado primordialmente a servicios personales y gastos operativos.

Ahora bien, para cerrar sus puertas no se manda solo. Sigue la línea trazada días atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, adelantándose a las circunstancias, suspendió la mayor parte de sus actividades el 17 de marzo como medida preventiva y prácticamente obligó a los demás órganos jurisdiccionales del país a imitar su ejemplo. Aunque la Corte, a diferencia del Tribunal de Justicia Administrativa que no moverá un dedo, sí recibirá controversias constitucionales urgentes.


Cortita y al pie

Antes del coronavirus el Tribunal ya tomaba distancia social de los ciudadanos evitando el contacto directo con ellos (en 2018, para contextualizar, recibieron solamente 212 peticiones de justicia). También se ubica en aislamiento y no sale de su zona de confort, salvo para lo estrictamente necesario: dar un informe anual o acudir a sesiones mensuales del inoperante Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma parte.

El Pleno de la Sala Superior no escupe sentencias relevantes a nadie (solo 45 en 2019, para dimensionar), se lava las manos con frecuencia, y limpia y desinfecta casos de interés general para que no puedan dañar la salud de sus responsables (especialmente servidores y exfuncionarios públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados).


La última y nos vamos

Los cinco magistrados en particular y el Tribunal de Justicia Administrativa en general, en resumen, ya estaban en cuarentena desde septiembre de 2017 y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Unos genios. Visionarios adelantados a nuestra época.







Imprimir
COMENTARIOS