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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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31 Mayo 2010 03:00:03
El uso político de la justicia
Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar
“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.

Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la ley”.

Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.

Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda –responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez– ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial “Greg” Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.

Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del Presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.

Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este Gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.

Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.

Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.

Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del Presidente de la República.

En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de blanqueo de capitales en contra de familiares y amigos de Patricio Patrón Laviada. El caso de Gregorio Sánchez lindó la frontera del cinismo y lo burdo.

Queda claro, por lo tanto, que el Gobierno de Calderón administra las investigaciones de la UIF que, en teoría y en línea con su mandato, tendrían que utilizarse para aplicar la justicia de manera expedita y no dilatoria en beneficio de intereses políticos. Después vendrá el reclamo de los organismos multilaterales y del propio Estados Unidos respecto a la lentitud de la aplicación de la justicia en México al perseguir al crimen organizado. Pero eso parece no importar en este momento de contiendas electorales.

De esta forma, en su ánimo de defender las causas políticas del PAN, el gobierno de Felipe Calderón está cometiendo graves errores de procedimiento que abonarían a la causa de Gregorio Sánchez. En primer lugar, solicitar en este momento, y no antes, la orden de aprensión, le resta méritos a lo que pudo haber sido una aplicación implacable de la justicia.

Ahora, la coyuntura que escogió la PGR y el gobierno calderonista al comenzar hasta el 3 de mayo pasado las acciones legales contra Sánchez, distrajo a la opinión pública de la gravedad de las acusaciones y lo colocó como una víctima electoral del sistema.

Además, a un mes de que se realicen las elecciones, ninguno de los tres partidos aliancistas tendrían la oportunidad de sustituir a Greg Sánchez como candidato, lo que amplia la posibilidad de que el alcalde con licencia de Cancún permanezca como contendiente en los comisiones electorales, porque hasta que no se dicte una sentencia formal no perderá sus derechos políticos. Incluso, Greg podría ganar mientras la procuración de justicia en México se hace bolas con un expediente que hace un año pudo constituir la base de una querella impecable por lavado de dinero y su probable responsabilidad al participar y colaborar con la delincuencia organizada en delitos contra la salud.

Cuentas bancarias abiertas en seis instituciones financieras en México, con depósitos por cerca de 30 millones de pesos, son el soporte principal de la acusación por “lavado” de dinero –que hizo la Procuraduría General de la República ante la justicia federal– en contra del candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo (PRD-PT-Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, popularmente conocido como “Greg”.
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