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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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25 Diciembre 2019 04:00:00
En el 2020
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El Sistema Anticorrupción en Coahuila tiene grandes pendientes en el 2020 y en los años por venir. Las tareas coordinadas y sistemáticas deben ir hacia una ruta trazada por indicadores que marquen las fallas a corregir y basada en estudios de instituciones que señalan las prioridades en la agenda de una problemática que tiene plena relación con necesidades mencionadas por empresarios, académicos, organismos de la sociedad civil y desde el propio Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Se requieren acciones de gran calado que verdaderamente inhiban, controlen y sancionen los actos ilegales en el ejercicio del gasto público. Pero para llegar a eso, hace falta voluntad y apertura plena al debate y a la recepción de propuestas para que se transite hacia lo que se tiene que hacer para revertir los niveles de percepción de corrupción en Coahuila, según el INEGI en su ENCIG y la impunidad que tantos cuestionamientos genera en el día a día del funcionamiento del Sistema.

La participación ciudadana en el Sistema Anticorrupción está diseñada para incidir en agendas de cada uno de los integrantes del Comité Coordinador -en donde se acuerdan las propuestas e iniciativas de las instancias que forman el Sistema -.

Cada uno de los integrantes tiene la oportunidad de proponer los cambios que le urgen al estado para revertir la percepción de corrupción y la impunidad. Son importantes y de relevancia las iniciativas del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y del Consejo de Participación Ciudadana.

En la planeación del CPC para 2020 y cuyas actividades se pueden seguir en el sitio http://www.cpccoahuila.org.mx está el fortalecer la interacción con las organizaciones de sociedad civil, académicos, empresarios y a quienes se deseen sumar desde la ciudadanía, para lograr metas como la generación de canales y métodos de reportes, quejas o denuncias para que las personas desde sociedad civil, empresariado o del servicio público puedan señalar asuntos o ilegalidades en las que no están dispuestos a participar o tolerar, pero buscando garantizar la protección del denunciante.

Otro eje es la ética pública y la generación de una ruta de trabajo con el sector privado para la prevención de supuestos delitos de corrupción, pero enmarcados en lo que advierte la más reciente reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), porque también hay que generar pedagogía y narrativa sobre los alcances de la legislación, involucrando al mismo tiempo al segmento empresarial.

El objetivo: generar una política anticorrupción integral en el estado. Involucrar a las y los ciudadanos en las decisiones, la transparencia, los programas de auditoría, la construcción de procesos de colaboración en la vigilancia de la asignación de contratos, en el seguimiento a las sanciones y la recuperación de recursos malversados, etcétera. La ciudadanía está dispuesta a involucrarse y propiciar un cambio. Será crucial aprovechar la posibilidad de darle certeza al actuar de las autoridades para recuperar la credibilidad que no se tiene.


¡Les deseo felices fiestas!
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