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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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25 Enero 2010 04:00:38
Equivocada estrategia
Nadie en el gabinete tiene la capacidad de mejorar las cosas

Según especialistas y expertos en temas de seguridad pública, Felipe Calderón es un político en toda la extensión de la palabra, pero lamentablemente también confirman que no es un estratega, por ello la crisis que envuelve al país parece no tener remedio, pues nadie en el gabinete tiene la capacidad de mejorar las cosas. Para empezar, convertir al narcotráfico en un tema, precisamente, de seguridad pública y extenderlo al ámbito de la población civil, se transformó en la principal amenaza de su gobierno. Es claro que al gobierno calderonista le ha faltado coordinación entre las instituciones de seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia en México, en donde cada cual hace lo que quiere y atiende a intereses distintos.

Un trabajo de la reportera Nydia Egremy y publicado en la última edición de la revista “Contralínea”, aborda todas las aristas del problema que convertirán al gobierno de Felipe Calderón en una administración fallida. Lo más grave es el reconocimiento de los propios colaboradores de su gestión. La pregunta obligada es si ellos lo saben porque, con todas sus consecuencias, siguen adelante con la misma errada y riesgosa estrategia: atacar de frente al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a los grupos de poder, muchos de ellos políticos y económicos, vinculados con estos flagelos.

En un estudio del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC (Casede), en donde participa el priísta Jorge Tello Peón, actual consejero de la Presidencia en seguridad nacional, se establece, por primera vez en muchos años, que el Estado mexicano ha perdido control territorial al improvisar una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, lo que contradice la versión presidencial de que el Gobierno manda en todos los rincones del país.

Al parecer y dados los recursos, “Felipe Calderón no sabía lo que le esperaba”, señala el experto Sergio Aguayo. Como se ha consignado anteriormente en esta columna, de acuerdo con especialistas del centro de análisis estadounidense Stratfor, con sede en Washington, la “lucha” desordenada y errática de Calderón ha generado una peligrosa atomización de la violencia y de los territorios que controla el narcotráfico.

Aún más, ha generado una estratificación del negocio en donde las franquicias del crimen cuentan con proveedores de servicios con quienes subcontratan la necesidad de mantener a raya a la autoridad, en donde los sicarios se adhieren al mejor postor. Ahora, después de esa atomización, la integración que se avizora, otra vez, en dos grandes grupos, tendrá como resultado un claro fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado.

Las confesiones de Tello Peón

El propio asesor presidencial en seguridad y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, en un texto autocrítico y preocupantemente asegura que “las estructuras institucionales como las históricas han perdido control territorial en México… Antes por lo menos se sabía quiénes eran (los que controlaban ciertas regiones del país)”. Los golpes mediáticos y políticos de Calderón tampoco se han aplicado de la mejor manera: todo el cúmulo de información que fluye sobre la seguridad, el crimen, la violencia y la impunidad ha generado en la población la sensación de riesgo en su seguridad personal, miedo, confusión, enojo y frustración. Se confirma, entonces, la hipótesis de que el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública. ¿Tenía la población civil que verse sometida por esta batalla que las autoridades tenían que dar en el ámbito de la estrategia y la inteligencia? Esta ha sido la gran apuesta de Calderón y ahora dice que pasará a segundo término preocupado por el desempleo y el claro estancamiento de la economía nacional.

Este domingo 24 de enero, la primera página del diario “Excélsior” informó que las ocho organizaciones de narcotraficantes se están agrupando en dos grandes carteles y claramente fortalecidos. Así deja el país el presidente Felipe Calderón y su declaratoria de guerra fallida contra el crimen organizado.

Aguayo Quezada considera que si en la guerra al crimen organizado “el Estado salió de su catatonia” y lanzó la primera ofensiva, también se trató de una decisión improvisada. “Felipe Calderón no tenía idea de lo que le esperaba”. En su contribución ¿quién gana la guerra contra el narcotráfico? Aguayo cita una entrevista que el mandatario federal sostuvo con el director del diario madrileño El País, el 15 de junio de 2008, donde expresó: “Cuando llegué a la Presidencia, el alcance del narco era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave, pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”.

A tal confesión, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México lanza la pregunta: “¿Diagnosticó bien la dolencia o provocó una metástasis?” Aprecia que ésta es una batalla en la cual la calidad de la información “es vital”, pues el crimen organizado “la tiene y de primera”, mientras que el Gobierno y la sociedad están generándola.

Al comparar los resultados de los primeros 18 meses de gobierno de Calderón con el mismo periodo de sus antecesores, el analista observa cómo se dispara el número de detenidos y la cantidad de decomisos de droga, dinero, armas y aeronaves. Además, destaca la reducción “notable” en la cifra de deserciones del Ejército Mexicano que, dice, alimentan las filas del sicariato: en 2006 botaron el uniforme 20 mil 536 militares; en 2007 fueron 15 mil 665.

Las malas noticias, dice el investigador, es que las cifras empequeñecen al contrastarlas con lo que se sabe sobre el dinero que se mueve en el negocio de la droga. Asegura que con un criterio muy conservador, en el primer año de gobierno “el valor de lo decomisado representa una merma para los cárteles de sólo el 6 por ciento del dinero que mueven”. Explica que el impacto sobre el trasiego de armas “es todavía más insignificante”, pues sólo se capturó 1.4 por ciento del total del arsenal que, se estima, ingresó al país en los primeros 18 meses de este gobierno.
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