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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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06 Noviembre 2019 04:00:00
#EsJustoQueLoSepas
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Si bien algunos especialistas opinan que la transparencia no es un elemento crucial para erradicar la corrupción en el país, sí debe considerarse como uno de los ingredientes primordiales para inhibir y detectar hechos o posibles actos ilegales en el servicio público, principalmente.

Hace algunos meses, en el Senado de la República, el colectivo #EsJustoQueLoSepas colocó una propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia que implica obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Pero ¿cómo determinar el alcance de esta iniciativa?, ¿la protección a los datos personales? o ¿cuál sería la narrativa que determine si la sentencia es o no de interés público?

Actualmente los portales de las instancias encargadas de la impartición de justicia en Coahuila publican el número de expediente, la sentencia o el acuerdo y los nombres (no en todos los casos) de las partes interesadas o implicadas en juicios penales, familiares, mercantiles, etcétera.

México Evalúa publicó en su sitio web, esta reflexión con un ejemplo relacionado con un caso en el que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha venido trabajando en los últimos meses, como lo es la construcción de una redacción con la que sea posible definir detalles de cómo se fue articulando lo que podría ser una red de corrupción: el caso Infonavit Coahuila.

México Evalúa, que es un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, describió que el caso Infonavit afectó a más de 160 mil derechohabientes en distintos estados de la República, “según reconoció el propio director general del Infonavit. Reportes de prensa mencionan que se identificaron víctimas en Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas”.

Los hechos fueron denunciados públicamente en Chihuahua en octubre de 2017, pero fue en diciembre por los xonsejos de la Judicatura de los poderes judiciales de Nayarit y Coahuila dieron a conocer que estaban investigando y habían suspendido a algunos funcionarios judiciales por la aparente participación en casos de despojos fraudulentos de viviendas, por medio de la Estrategia DAVI, que en resumen afectó a la parte más vulnerable del Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda: sus derechohabientes.

A partir de esta reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, la apertura llegará a los asuntos judicializados. Los colectivos en el país y en Coahuila han marcado una ruta que obliga a desplegar acciones bajo el principio de máxima transparencia, a operar los programas a la vista de todas y todos, a involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del gasto público y los programas de beneficio colectivo, lo mismo que en contrataciones y compras a proveedores, etcétera. La cultura de la transparencia incide en el quehacer público. De eso no hay duda.
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