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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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06 Julio 2019 04:00:00
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Hoy decidí hacer dos columnas en una: primero porque son muchos los temas que se acumulan en la semana tanto en el ámbito local como nacional, y segundo porque hay dos temas de relevancia: denuncias por la megadeuda coahuilense y la aprobación de la “Ley Partida Secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Crónica de un tema tabú en Coahuila

En fecha reciente la Auditoría Superior del Estado ganó 12 amparos a la Fiscalía General para que admitiera las denuncias que la Auditoría presentó en 2012 por la megadeuda y que fueron desestimadas con el no ejercicio de la acción penal por la entonces Procuraduría del Estado, hoy convertida en Fiscalía.

Lo que nos preocupa a todos es que las autoridades se han negado a hablar específicamente de la prescripción de los delitos. Por principio legal, se debe aplicar el Código Penal coahuilense vigente en 2010, así como la Ley de Fiscalización Superior de entonces, porque fue en aquella época cuando se perpetraron estos hechos de corrupción. En este sentido, los delitos financieros que pudieran tipificarse, conforme a la ley de entonces, como peculado grave, coalición de servidores públicos, negociación ilícita y enriquecimiento inexplicable, y los delitos derivados de la Ley de Instituciones de Crédito, prescriben en periodos de entre 6 y 9 años. Es decir, en 2019 estamos en el límite, sino es que algunos ya prescribieron.

Veo tres posibles escenarios, el primero es que estos amparos que ganó la ASE interrumpan la prescripción, pero esto se vuelve un tema complejo, en el que entran una serie de supuestos y cálculos para determinar con exactitud la temporalidad de la prescripción, que en su caso es deber del fiscal general, Gerardo Márquez, explicarle al público.

La segunda cuestión son las otras denuncias: no debemos olvidar que el grupo parlamentario del PAN en la 58 Legislatura de Coahuila interpuso una denuncia que, según el entonces procurador en 2015, seguía vigente, junto con una presentada por el entonces senador Federico Doring, aunque no conocemos el estatus de estas ni si se les está corriendo plazo de prescripción.

Por último, las averiguaciones previas abiertas en la Fiscalía General de la República, donde, hasta 2017 -por acceso a la información-, constatamos que seguían vigentes, producto de denuncias presentadas en 2011 por el entonces procurador fiscal de la Federación, Laynez Potiseck, un total de tres de las que no sabemos nada. Se debe recordar que uno de los elementos que interrumpen la prescripción de los delitos es justamente el accionar de las autoridades, que realicen etapas procesales, diligencias, acuerdos, etcétera.

Lo más grave, y que es un hecho, es que al auditor superior le prescribió ya, por lo pronto, la posibilidad de ejercitar el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, que no es otra cosa que la obligación de los servidores públicos y particulares de reparar a la hacienda pública los perjuicios cuantificables monetariamente, ocasionados como consecuencia de una conducta que incumpla algún ordenamiento, en este caso, lo relacionado con la megadeuda. De esto se hace mención en la Ley de Fiscalización vigente en 2010, que entonces establecía: Artículo 50. “Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que refiere este capítulo prescribirán en cinco años”. Por lo pronto seguiremos presionando para garantizarle a los coahuilenses que este hecho de corrupción no quede impune, y nos aseguraremos de que los delitos no hayan prescrito. Es por ello que todas las fracciones parlamentarias del Congreso local deberán adoptar la agenda ciudadana, trabajar en conjunto y cuanto antes llamar a comparecer al fiscal general y al fiscal anticorrupción. Espero y esta historia no sea la crónica de un tema tabú.

Ciencia ficción en México 

Cuando veo la rueda de prensa mañanera del presidente AMLO no son pocas las veces que me pregunto si se trata de un montaje de ciencia ficción, en el que nos hace sentir a los mexicanos la nostalgia y tristeza de viajar a los 80 y ver cómo el país hoy es igual al de entonces. Para ser más específico con el comentario, la semana pasada se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, donde el artículo que inundó de polémica fue el 61, que establece: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas de austeridad deberán destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos... o al destino que por decreto determine el titular”.  Ahora sí que, como dicen por ahí, esa partida secreta no la tuvo ni Salinas de Gortari. 

Austeridad es que los gobiernos no gasten por gastar, que se disminuya el gasto de lo absurdo, de la burocracia, y no generar “ahorro” para gastarlo luego de manera discrecional. Esa es austeridad ficción, estimado lector. Hay que decirlo: todos estamos de acuerdo con gastar menos y hacer eficiente el gasto. El problema es el fin siniestro de lo que establece el artículo que mencioné con anterioridad. Dicho de otro modo, es increíble que el Presidente decida qué hacer con nuestros impuestos, sin ser parte de un proyecto de egresos, como debiera ocurrir dentro de la normalidad, cuando el Ejecutivo presenta ante el Congreso de la Unión su presupuesto y este se somete al análisis y discusión en la Cámara. Es por ello que, a todas luces, lo que se aprobó es para que el Presidente tenga la posibilidad de decidir qué se hace con los “ahorros” y seguramente la chancla apuntará hacia gastarlo con fines electorales.

Grave, pues, lo que ocurre con el Gobierno federal y esta ambición de perpetuarse en el poder y con estas imposiciones garantizar el triunfo del partido oficial. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del INE para que las elecciones vuelvan a estar a cargo de la Secretaría de Gobernación? En el mundo del revés y de la ciencia ficción de AMLO, no lo dudo.

Gerardo Abraham Aguado Gómez, es miembro de Acción Nacional desde 2008. Fue asesor en el Senado de la República 63 Legislatura. Actualmente es diputado local en la 61 Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
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