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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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22 Septiembre 2020 04:03:00
¿Federalismo o ‘feuderalismo’?
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La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Alianza Federalista eran impensables bajo la presidencia imperial, cuando el jefe de Los Pinos mandaba también en los estados, todos con el sello del PRI. El monarca nombraba a los virreyes y podía removerlos a su arbitrio: por venganza política, algún escándalo e incluso por quítame allá estas pajas. La sombra del soberano pendía cual espada de Damocles. Después de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, Carlos Salinas defenestró al mayor número de gobernadores, algunas veces para congraciarse con el PAN. El 26 de septiembre de 1991, en la investidura de Fausto Zapata, ofreció apoyos sin precedente a San Luis Potosí. Menos de dos semanas después ya lo había sustituido por Gonzalo Martínez Corbalá.

Para lavar la cara de su presidencia y reparar su orgullo herido, marcados por el fraude electoral y el escarnio social, Salinas buscó culpables. Empezó por los estados donde el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, lo había humillado. Al tercer día de su toma de posesión, «renunció» a Luis Martínez Villicaña, gobernador de Michoacán y excompañero suyo en el gabinete de Miguel de la Madrid. Para mayor inri, le asignó un cargo burocrático: director de Caminos y Puentes.

La venganza salinista continuó en Baja California, donde Cárdenas obtuvo también un triunfo arrollador. El 5 de enero de 1989, Xicoténcatl Leyva Mortera dejó la gubernatura para ocupar un puesto de membrete: «negociador de la deuda externa». El 11 de septiembre del mismo año, Salinas despidió al mexiquense Mario Ramón Beteta. El presidente destituyó sobre todo a gobernadores de la vieja guardia, por considerarlos «corruptos» o para encubrir negligencias federales. Guillermo Cosío Vidaurri (Jalisco) fue obligado a renunciar debido a las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara por las cuales se culparon mutuamente autoridades estatales y funcionarios de Pemex.

A medida que los presidentes perdían fuerza, pues la alternancia derivó en gobiernos divididos, los virreyes se liberaban del yugo centralista, acumulaban poder y daban forma a su propio sistema: el «feuderalismo». Como jefes de las bancadas de sus respectivos territorios en la Cámara de Diputados y en el Senado, empezaron a imponer condiciones a la Federación y a reproducir a escala local el modelo de presidencia imperial. Así pudieron mangonear a Vicente Fox y a Felipe Calderón, pero sobre todo a Enrique Peña. Al primero, por no tener suficientes gobernadores del PAN y por dedicarse a banalidades en vez de fijar controles en los estados; al segundo, por falta de legitimidad, producto de una elección fraudulenta; al tercero, por deberles a los ejecutivos del PRI el cargo; y a todos, por no tener mayoría en ninguna de las cámaras legislativas.

Las elecciones de 2018 dieron un giro copernicano en la relación de los gobernadores con la Presidencia de la República. El futuro de la Conago pende de un hilo por la debilidad de sus integrantes y la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido, además de ser mayoría en el Congreso, controla 20 legislaturas locales. La Alianza Federalista, escisión de la Conago, pretende plantar cara al Presidente, pero solo agrupa a un tercio de los ejecutivos locales, al menos tres de los cuales (Colima, Michoacán y Nuevo León) podrían ser relevados por Morena el año entrante.
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