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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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03 Julio 2019 04:04:00
Fiscalizar el dinero público
La alternativa más consolidada para la detección, control y sanción de la corrupción no solo en Coahuila, sino en el país, es el fortalecimiento de las entidades que integran el Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción, que en su configuración incorporan la figura ciudadana como el eje central de la coordinación de esfuerzos de las instancias que son parte del Sistema.

Como lo son, en el caso de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado (ASE); el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) y el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

En su libro “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, el abogado y especialista en temas de fiscalización, Alejandro Romero Gudiño, detalla la función específica del papel que juegan las auditorías superiores en los estados, como instancias de control del gasto público y la detección de posibles irregularidades que de no ser solventadas, derivan en denuncias o sanciones penales contra colaboradores o excolaboradores de las administraciones municipales y estatales.

En el texto de 615 páginas –una lectura altamente recomendable –en uno de sus capítulos retrata muy bien los objetivos de los órganos internos de control y la responsabilidad que recae en la Auditoría Superior del Estado.

Romero detalla que “el control interno tiene más que ofrecer que un predecible y obligado esquema de confrontas, es una herramienta que permite la rendición de cuentas del sector público. El control interno es la parte esencial o el sinónimo de gobierno del Gobierno”.

El poder, si es controlado, deja de ser absoluto.

El poder controlado está intrínsecamente sometido a la obligación de rendir cuentas, de justificarse y de establecer un diálogo frente a otro poder que lo limita. Es ahí donde los ciudadanos pueden ejercer ciertos medios de control del poder, de manera directa y por medio del cauce legal.

“Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, es una obra que describe técnicamente los tratados internacionales, legislaciones y rutas por las que puede transitar la consolidación de los sistemas anticorrupción en los estados.

Porque incluso, explica los tipos de sanciones que existen frente a una falta administrativa documentada y denunciada, o una falta grave que es sustentada e investigada por una fiscalía especializada.

Deontología (ciencia del origen y fin del ser), ética profesional y códigos de honestidad, son parte de lo que enlista el también académico de la Universidad Anáhuac y Panamericana, quien asegura que la capacitación y evaluación constante de quienes integran el servicio público municipal, estatal o federal, debe estar regulado para evitar situaciones como las redes de corrupción que han salido a flote gracias al trabajo e investigaciones de medios de comunicación.

Finalmente ¿Qué puede contribuir a reducir la corrupción? El autor asegura que: 1.-Participación ciudadana; 2.- Auditorías eficientes; 3.- Modernización administrativa; 4.- Generar una cultura de transparencia y 5.- La rendición de cuentas.
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