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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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16 Octubre 2019 03:58:00
Función pública
No ir tapando pozos a “niño ahogado”, y priorizar las acciones preventivas en la ruta de anticorrupción es lo que marcó el discurso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante su comparecencia ante senadores de la República, el lunes pasado.

Fue clara cuando dijo que “había dudas sobre la funcionalidad de la coordinación en el SNA”, al referirse al Sistema Nacional Anticorrupción que no termina de embonar en la 4T en el control, prevención y sanción de la corrupción como un asunto sistémico en el país. Porque quizá, y como lo han dicho los expertos, se piensa en la antigua figura de un zar anticorrupción o en una súper secretaria, que era lo que precisamente buscaron evitar quienes impulsaron la idea de que un ciudadano estuviera al frente de la coordinación entre las instancias obligadas a atender el tema en los estados, en un afán de evitar la captura, el goce de privilegios, la subordinación y la operatividad del esquema con tintes de persecución política.

De no ser por el senador tapatío Clemente Castañeda Hoeflich, la secretaria de la Función Pública se habría desmarcado del SNA y los sistemas locales. El legislador fue enfático al hablar de la coordinación que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción del que es parte y en donde ocupa una posición la Función Pública.

La comparecencia de la doctora Sandoval Ballesteros sirvió también para saber que la ruta de la Política Nacional Anticorrupción está más bien la trazada desde el Programa Nacional de Desarrollo y no tanto desde el aporte de ciudadanos y de centros de investigación y de docencia, donde se delineó la propuesta de Política Nacional.

Ya lo decía Max Kaiser, quien hace un par de meses fue designado como presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, los sistemas locales anticorrupción deben fortalecerse y desde la sociedad civil, los sectores y la academia, es importante contribuir para los sistemas sigan adelante y no retroceder en el avance de lo que ya se tiene.

De ahí la importancia de que los consejos ciudadanos anticorrupción en las entidades incluyan en su agenda a los grupos de la sociedad civil, a integrantes de la iniciativa privada, académicos, legisladores y a quienes buscan fortalecer y abonarle a esta fase en la que se encuentran estados como Coahuila que, en el ranking nacional, observa importantes avances.

Es evidente la apertura y coordinación de los integrantes del Comité Coordinador del SEA Coahuila: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefric).
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