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Vicente Bello
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10 Abril 2019 04:00:00
Golpe en el espinazo de los gasolineros… y al “huachicol”, por supuesto
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma en la que plantea revocar de tres meses hasta por 15 años el permiso a los gasolineros que hayan comercializado el “huachicol” (hidrocarburos robados). Y decir gasolineros es abarcar a Franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores de gasolinas.

Incluso, esta reforma al artículo 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos –que el Senado refrendará, presumiblemente-, también propone “como medida de prevención, que los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tengan la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus actividades, las cuales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de comunicaciones y transportes”.

Cuando presentó el dictamen, Pilar Ortega, diputada del PAN, dijo a modo de argumento: “Durante los últimos 10 años el robo de combustibles creció en 868 por ciento”.

Y apostilló: “Para poner en perspectiva este dato, hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente se detectan 20. Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 76 tomas clandestinas en todo el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581 tomas clandestinas. Tan solo las tomas encontradas en 2018 representan poco más del 40 por ciento de las tomas reportadas
en 4 años”.

Dijo Nayeli Fernández, diputada de Morena: “La oferta del mercado negro de hidrocarburos se debe a que existe una demanda real por parte de los concesionarios y trabajadores formales de la industria petrolera, quienes con el fin de obtener mayores ganancias por la comercialización de hidrocarburos fomentan la ordeña al comprar huachicol”.

Dijo Mónica Bautista, del PRD: “Las cifras de tomas clandestinas crecieron en la sombra de la impunidad y de manera alarmante en la administración pasada y que las actividades delictivas que se desarrollaron en torno al robo de combustible han lastimado y dejado daños irreparables a la sociedad y han deteriorado las finanzas públicas”.  

Dijo Jacobo Cheja, del MC: “Votaremos a favor de este dictamen, al dotar de mayores facultades a los Ministerios Públicos, a la Comisión Reguladora de Energía, para la suspensión de los permisos a franquiciatarios, asignatarios, contratistas o distribuidores de hidrocarburos que hayan participado en la comisión de alguno de estos delitos”.

El PT en voz de Luis Martínez: “En el dictamen se plantea que cuando no se pueda acreditar la propiedad o legítima posesión de hidrocarburos petrolíferos por parte de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores,  se entenderá que estamos ante el ejemplo palpable de robo de hidrocarburos”.

Dijo el PES en voz de Olga Sosa: “En los últimos 37 meses se han detectado en todo el país 32 mil 604 tomas clandestinas de combustible; de las cuales, el 80 por ciento de las tomas clandestinas detectadas se concentran en siete estados del país: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, estado de México y Tamaulipas”.

Entonces apareció Enrique Ochoa Reza, del PRI, quien haciendo gala de su cinismo se puso a criticar lo que dio en llamar “la adjudicación directa” de las 600 pipas aquellas
Y criticaba el infame  “clavillazo” que ahora se tenga que mostrar factura… sí, así dijo: “Fíjense ustedes, se propone en el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que, para alegar legítima posesión, el conductor tiene que ofrecer al menos uno de tres documentos: el original de la factura electrónica o comprobante fiscal, la escritura pública o inscripción en el Registro Público de los mismos, o la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes. Pero no se especifica cuáles son esos medios idóneos o suficientes”.

Dijo el desmemoriado PAN a través de María Guzmán: “En el PAN creemos que se trata de un delito que hay que cortar de raíz. Pero de nada servirán los esfuerzos que desde aquí hagamos, mientras haya autoridades coludidas con los grupos delincuenciales”.

Último orador fue Marco Medina, de Morena: “Desde hace 2 décadas el robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, fue un delito que pasó desapercibido por los gobiernos anteriores.
“A finales del sexenio de Felipe Calderón hubo mil 361 tomas ilegales, es decir, aumentó más de 600 por ciento, en comparación con el inicio de su gestión, que fue de 212 tomas clandestinas. Y tampoco nadie hizo nada. El monstruo siguió creciendo.

“En el sexenio de Enrique Peña Nieto los delincuentes gozaron de las mayores mieles de la corrupción y la impunidad, con 12 mil 500 tomas clandestinas. El monstruo se hizo mucho mayor y alcanzó su máximo tamaño.

“Ahora vemos quejas en el sentido de que la lucha contra el huachicoleo, que emprendió el presidente de la República tuvo costos y tuvo repercusiones en la economía y repercusiones para las empresas y para el turismo. Pero nunca se dijo toda la repercusión que ha habido en esta materia durante tanto tiempo.

“El huachicoleo llegó al punto máximo, que además de las 12 mil 581 tomas clandestinas, se robaban más de mil 100 pipas diariamente y hubo una pérdida estimada en 60 mil 300 millones de pesos. El SAT reportó a 194 permisionarios con inconsistencias fiscales por un total aproximado de 3 mil 217 millones de pesos. El 54 por ciento de este quebranto equivalente a mil 742 millones se generó en estaciones de servicio, es decir, existían permisionarios involucrados en la venta de combustibles de procedencia ilícita”.

La minuta fue turnada al Senado.
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