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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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29 Marzo 2010 03:00:38
Guardaespaldas a víctimas del crimen
La reacción del Mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia

Felipe Calderón no sólo adolece de estrategias efectivas contra el crimen organizado, tampoco tiene respuestas para los temas más básicos como pobreza, educación, salud y alimentación, los cuales son resultado de la aguda crisis que vive el país y que requieren para su atención la mínima sensibilidad social y política.

Es claro, por las evidencias más cercanas, que al equipo de Calderón le hace falta inteligencia, honestidad y conocimiento de la realidad que viven millones de mexicanos afectados por la violencia, el desempleo, el hambre, la enfermedad y, por si lo anterior fuera poco, con mínimas oportunidades educativas.

Una estampa de esta presumida guerra podría ilustrar estas afirmaciones. No precisaré el caso para no poner en riesgo la vida de los mexicanos que hoy ya tienen bastante con su tragedia personal, pero sí hablaré de las circunstancias para refrendar que el gobierno de Calderón no podía ni debía declarar una guerra que de inicio estaba perdida en contra el narcotráfico –en un principio mediática y ahora real con sus muertos y dolor–, sin antes atender los graves problemas socioeconómicos que tiene el país y una prueba de ello es que a tres años de su gobierno México se ha derrumbado y la población sufre las consecuencias de un pésimo gobierno.

Ante las víctimas de la violencia, la población civil, Felipe Calderón no ha tenido respuestas. Increpado una y otra vez, el ocupante de Los Pinos sólo ha atinado a ofrecer a los mexicanos más afectados a ser expatriados a Estados Unidos porque dentro del territorio mexicano su gobierno se declara incapaz y sin posibilidad de protegerlos.

Casi en privado, Calderón les ha ofrecido a familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico el exilio como única alternativa de vida, pues si se quedan seguirán siendo carne de cañón del fiuego cruzado, como ha pasado a miles de niños, mujeres, ancianos y hombres que murieron por cruzar la calle, comer en un restaurante o ir a la escuela cuando se desató algún enfrentamiento entre las fuerzas militares y los sicarios de las drogas.

De acuerdo con información de las entidades policiales estatales y federales, ante el reclamo público que ha recibido Felipe Calderón por parte de los familiares de mexicanos caídos en lugares públicos, el Mandatario sólo ha podido ofrecerles el destierro a todos aquellos que sólo exigen justicia.

Es decir, que los familiares de las víctimas del fuego cruzado entre efectivos militares y miembros de los cárteles de la droga, no sólo deben vivir con la pena de la pérdida de sus hijos, hermanos, padres o amigos, sino que nadie en México puede asegurarles tranquilidad, seguridad y confianza de que no volverán a ser molestados.

La respuesta a Calderón de estos mexicanos que han sido agredidos y violentados en su vida privada y paz social, es: ¡No nos vamos señor Presidente, haga justicia!

En reuniones con familiares de estudiantes, niños y mujeres asesinados, la reacción del Mandatario ha sido ignorar a esos ciudadanos que claman justicia, y ante los reclamos y reproches legítimos prefiere lavarse las manos por esas tragedias y su gobierno se deslinda de ellos, como si no fuera el responsable de lo que ha pasado.

Hasta a las autoridades federales de impartición de justicia llegó la petición de ayuda de estas víctimas y la Procuraduría trasladó el caso a la Agencia Federal de Investigaciones en donde atinaron a designar a un grupo de agentes policiales cuya única responsabilidad es vigilar la vida de los familiares afectados. No hubo más después de que a Calderón se le solicitó aplicar la justicia en el caso de los asesinatos de miles de personas inocentes.

Pero los familiares de las víctimas son mujeres pobres, vendedoras ambulantes o trabajadoras de maquiladoras a quienes resulta sumamente incómodo realizar su labor diaria con guaruras a un lado. Este es el surrealismo de un país azotado por el crimen y por la incapacidad, la negligencia y la complicidad de un gobierno que desde que inició su gestión tomó el rumbo equivocado. ¿Acasi no es éste el mejor ejemplo de un Estado fallido?

Mientras en las instancias formales de impartición de justifica y de investigación se les niega a miles de mexicanos el derecho de que sus familiares asesinados no eran delincuentes sino víctimas, hasta que se pruebe lo contrario, sus pequeñas viviendas, su camino al trabajo en una maquiladora o su puesto ambulante es custodiado por fuertes guardaespaldas armados.

¿Cuánto durará esa comedia trágica montada por el gobierno calderonista? ¿No resultaría más sencillo impartir justicia y acabar con la impunidad y la corrupción que se practica en las filas de la burocracia?

Sin duda alguna que sería mejor reconocer los errores y dar marcha atrás en esta lucha equivocada que se ha metido en un callejón sin salida.

Pero si las acciones colectivas, recientemente aprobadas en la Cámara de Senadores, pudieran aplicarse a la incapacidad del Gobierno federal para proteger a su ciudadanía, en este momento el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón, tendría que renunciar o al menos preocuparse por constituir un fondo económico muy grande para indemnizar a millones de mexicanos.

Sin embargo, no se trata de dinero sino de dignidad y de la pérdida irreparable de varias generaciones de mexicanos víctimas y victimarios a causa de la penetración del crimen en muchos sectores de la sociedad.

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