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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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20 Agosto 2020 04:03:00
¿Habrá un expresidente preso? Se toman apuestas
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Existe una pequeña divergencia en el seno mi comunidad de colegas de la comentocracia sobre el impacto político y electoral que surtirá el caso Lozoya, ahora aderezado con un video que no dice nada, pero muestra mucho: empleados de un expanista y otro que los sigue regodeándose con fajas de pesos recibidas de un desconocido. Algunos de mis amigos consideran que con el simple golpe mediático, López Obrador ha ganado la partida, con independencia del final de la historia. Por mi parte, tiendo a pensar que el Presidente puede estar desatando una tormenta que no va a poder controlar.

La encuesta que publica El Financiero, con todas sus limitaciones, revela algo que todos sospechábamos. Por un lado, persiste el escepticismo de la sociedad mexicana sobre el alcance de la justicia en el caso Lozoya. Aunque crece el número de mexicanos que creen que “se castigarán los actos de corrupción de gobiernos anteriores”, la diferencia con los que no lo creen (47% contra 41%) se encuentra prácticamente dentro del margen de error. Pero sobre todo, la prueba del añejo, o de ácido, para quienes no recuerdan a John Gavin, yace en que el 80% piensa que se debe investigar y en su caso castigar a Enrique Peña Nieto. En otras palabras, la gente quiere sangre, y en particular, sangre presidencial.

Los golpes mediáticos al PAN son certeros: el video es irrebatible como mancha y condena. No prueba nada, pero convence y orienta a la opinión. Diputados y senadores panistas recibieron millones de pesos para votar a favor de una reforma energética antipatriótica, corrupta y conservadora. Que hayan estado de acuerdo con dicha reforma no importa: su convicción empequeñece frente a su corrupción. Como además el PAN, por razones incomprensibles, ha dejado correr más de un mes sin intentar destruir la credibilidad de Lozoya, la mentira implícita del video se pierde ante la evidencia de su verdad.

Pero no le bastará a la sociedad mexicana enardecida por videos y mañaneras que caigan unos cuantos panistas, experredistas o priistas del poder legislativo. Tampoco alcanza con otro antiguo secretario de Estado; ya vimos que Rosario Robles no dio para mucho en términos de opinión pública. Si no cae un expresidente a la cárcel, la maniobra de López Obrador, más allá de las revelaciones de una corrupción infinita de los dos sexenios anteriores y que muchos condenamos en su momento, no solo ahora, no servirá para ganar puntos en las encuestas electorales -no de popularidad-.

El problema es que si bien hay seis expresidentes en vida (uno de los cuales, por cierto, fue juzgado y condenado a arresto domiciliario por genocidio, antes de ser absuelto dos años después), solo dos califican como posibles candidatos para prisión. Por distintas razones, ni Luis Echeverría, ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo ni Vicente Fox, se encuentran en la picota, por ahora. Los únicos dos posibles son Calderón y Peña Nieto.

Al primero, se le tendría que acusar de daño patrimonial al Estado por una decisión de política pública equivocada, algo que ni la Fiscalía ni ningún juez aceptará como delito comprobable. A menos de que se demuestre que el expresidente recibió un soborno por concretar la inversión de Etileno21 de Braskem-Idesa, y que gracias a dicho soborno, aceptó dos compromisos o contratos “leoninos”: venderle a la empresa privada etano “barato” de Pemex, y proteger mediante un arancel a la misma empresa de cualquier competencia externa. Ni en México se puede comprobar tal delito.

El caso de Peña Nieto es aún más complicado. No solo por el pacto de impunidad entre él y López Obrador -sigo sosteniendo que existe y perdura- sino porque se encuentra en España y tuvo todo el tiempo del mundo y todos los abogados de México para borrar huellas, si las hubo. A menos de que cometa el mismo error de Raúl Salinas, Elba Esther Gordillo y Rosario Robles, a saber, creer que volviendo al país no les pasaría nada. Si no, Peña tendría que ser primero detenido en España y luego extraditado. No es México. Podrían apretarlo igual que a Lozoya: con su familia, pero ya lo sabe.

Tomo apuestas: no habrá un expresidente encarcelado antes de las elecciones del 2021. Y sin este desenlace, la maniobra electoral, mediática y política no prosperará. De lo jurídico, como reconoció el albañil del chiste, mejor ni hablamos.
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