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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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02 Junio 2019 04:00:00
¡Hasta siempre!
Se ha cumplido un ciclo más en la vida de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y surge el deber de hacer un balance del desempeño institucional durante los últimos seis años, para cumplir con el deber de rendir cuentas a la comunidad y reconocer el desempeño de quienes sirven a ella a través de la institución.

Con solo revisar las cifras, así sea someramente, podrá constatarse que hubo avances, debidos a la creciente participación social, pero también y sobre todo, al profesionalismo, la entrega, la convicción y el compromiso de su personal, y su Consejo Consultivo, que se esforzaron siempre hasta el extremo por cumplir con la misión institucional, construyendo y defendiendo, palmo a palmo, su autonomía en la promoción y protección de los derechos humanos, así como su respeto y garantía por parte de las autoridades locales, e interviniendo como gestores, en aquellos casos que salían de su competencia, ante las autoridades federales involucradas, integrado los expedientes necesarios cuando fue procedente remitir las quejas a otras comisiones, especialmente
la CNDH.

Esas cifras dicen, por ejemplo, que en los últimos seis años se emitieron 610 conjuntos de recomendaciones, lo que representa casi el 90 % del total de las recomendaciones expedidas durante los anteriores 21 años de vida de la comisión, que ascendieron a 684.

Se hizo también un diagnóstico de las violaciones a los derechos y libertades fundamentales, que refleja aquellos que han sido vulnerados y las autoridades que han incidido en ello, por municipio. Este instrumento, con el que por primera vez se cuenta en el estado, permitirá una mejor planeación y ejecución de acciones para enmendar una situación que, por infortunio, está muy lejos de ser ideal, lo que solo podrá alcanzarse si operan a plenitud los mecanismos previstos por la ley para impeler al cumplimiento de las recomendaciones procedentes, especialmente de aquellas que han sido aceptadas y, sin embargo, no se cumplen, total o parcialmente.
Las recomendaciones emitidas por la comisión son, en realidad, señalamientos puntuales a las autoridades que, más allá de toda duda razonable, se ha comprobado que violaron derechos humanos, incumpliendo deberes impuestos, inexcusablemente, por la constitución general, la particular del estado, las leyes y el personal compromiso que deriva de la protesta de cumplirlas que se rinde al tomar posesión del cargo.

Cuando no se cumple ese deber, la ley encomienda al poder legislativo el muy importante cometido de citar al funcionario involucrado, para que ante ese órgano explique, funde y motive, las razones por las que no ha cumplido con la recomendación aceptada. Conviene dejar sentado que están pendientes de ello más de 250 expedientes que han sido puestos a disposición de Poder Legislativo para tal efecto.

Los anteriores son solo trazos gruesos (que podrán ampliarse accediendo al sitio cdhec.org.mx), apenas una aproximación al estatus real de las condiciones que guarda la protección de los derechos humanos en Coahuila, misma que ha pasado en los últimos tiempos por circunstancias adversas, a veces de manera extrema, a pesar de las cuales se han sentado las bases de una institución comprometida con la comunidad y por lo tanto de verdad autónoma, que merece, en este tiempo de relevo, que el congreso estatal asuma la gran responsabilidad que le atañe y tenga en cuenta esa circunstancia para evitar regresiones, apegándose en ello, escrupulosamente, a los procedimientos que la ley establece.

Solo me resta añadir que ha sido un honor servir al lado de gente tan comprometida y tener la oportunidad de coordinar sus esfuerzos. Por eso, a ellas y ellos, que me han permitido acompañarlos en este camino, pero también a quienes con su sana crítica contribuyeron y hasta a quienes pretendieron entorpecer y aun frustrar el empeño, casi invariablemente sin dar la cara y desde el anonimato, sin parar mientes, incluso, en prácticas difamatorias y hasta calumniosas, digo sin ambages: Porque se dejan las instituciones, pero no se abandonan las causas ¡hasta siempre!
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