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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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22 Octubre 2019 04:00:00
Humano o débil
Puede entenderse que un Gobierno débil –y México siempre ha sufrido gobiernos débiles– tome decisiones pragmáticas que no son las óptimas. Evitar una matanza es una buena razón para hacerlo, aunque esto signifique liberar a un peligroso criminal. Lo que no tiene mucho sentido es enorgullecerse de esta debilidad y afirmar que la decisión ha sido muy humana.

“Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana, en el conflicto de Culiacán, Sinaloa –declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de octubre–. No nos importa que los conservadores, autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera”.

Sin embargo, quienes tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, cometieron un delito. El Artículo 150 del Código Penal Federal establece una sanción de “seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a 15 años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a 12 años”.

El único funcionario que ha sido destituido y que está siendo investigado por los hechos de Culiacán, no obstante, es Eduardo Bailleres Mendoza, quien fue despedido de su cargo como director del penal de Aguaruto de Culiacán por la fuga de 55 reos el 17 de octubre. Parece injusto.

Las decisiones pragmáticas que no se ajustan a la ley suelen tener costos elevados. La liberación de Ovidio, por ejemplo, manda un mensaje no solo al cártel de Sinaloa sino a otros grupos criminales que la mejor forma de liberar a sus jefes cuando son detenidos es pegar de balazos y quemar vehículos para bloquear avenidas y carreteras . Ningún capo importante podrá ya ser detenido en México.

Preocupa también el mensaje de que la ley solo se aplica en ciertos casos y a determinadas personas. Muchísima gente está detenida en nuestro país por acusaciones diversas, incluso antes de ser juzgada. El Congreso ha aprobado además modificaciones legales que convierten por decreto en miembros del crimen organizado a contribuyentes acusados de evasión fiscal por más de 7.8 millones de pesos. A estos se les despojará de sus garantías individuales y de la presunción de inocencia: se les congelarán las cuentas bancarias, se les decretará prisión preventiva oficiosa y se les confiscarán sus bienes antes de empezar el juicio. En México a los verdaderos criminales se les libera, pero a los contribuyentes se les castiga severamente ante una simple acusación.

Un gobernante siempre tendrá que tomar decisiones difíciles. Había argumentos a favor y en contra de la liberación de Ovidio tras su detención. Entiendo que cuando un gobernante depende de un Estado débil debe hacer concesiones a la realidad si quiere evitar pérdidas de vidas. Pero esta no es una decisión humanista ni puede ser la base de una estrategia que nos permita esperar que pronto se resolverá el reto que representa el crimen organizado. Es, en todo caso, una decisión pragmática forzada por la debilidad de las instituciones, pero que lleva a una situación problemática en la que el Gobierno tendrá que decidir constantemente a quiénes aplicará la ley y a quiénes dejará vivir en la impunidad. No hay panorama que genere mayor incertidumbre, sobre todo a quienes quieren vivir en un real estado de derecho.

Justicia parcial
Ovidio Guzmán fue liberado por las amenazas del cártel de Sinaloa. Rosario Robles sigue en la cárcel a pesar de que no se ha iniciado el juicio en su contra. No parece que se esté sirviendo la causa de la justicia.
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