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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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03 Marzo 2020 04:01:00
Impuesto salvavidas
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La falta de recursos estimula la creatividad. En su campaña para gobernador, Óscar Flores Tapia, cuyo lema “Del pueblo vengo y al pueblo consagraré mi esfuerzo”, se adelantó más de 40 años al “Primero los pobres” de Andrés Manuel López Obrador, propuso “ordeñar las nubes” para mitigar los efectos de la sequía. Escritor, orador y poeta, el político empleaba metáforas para atraer al público y ganar su aplauso. La ordeña consistía en obras pequeña y medianas para almacenar agua. También desempolvó un convenio entre México y Estados Unidos para perforar pozos y desarrollar nuevas zonas de riego en la frontera.

En la hegemonía del PRI, los gobernadores de Coahuila eran un año “hijos” del Presidente, a quien debían el cargo (las elecciones representaban un mero formulismo), y cinco, “entenados” del sucesor, pues casi siempre se decantaban por el candidato equivocado. Bajo esa criterio, Eliseo Mendoza Berrueto, esperaba el apoyo de su amigo Miguel de la Madrid para iniciar a tambor batiente su mandato, pero la crisis económica de los 80 dispuso otra cosa. De la Madrid cerró su sexenio sin primeras piedras ni cortes de listón en los estados.

En respuesta a ese choque con la realidad, el diplomado en Planeación Económica y Cuentas Nacionales por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, ideó programas para afrontar la demanda de obras y servicios en las zonas urbanas y rurales más necesitadas, mediante una fórmula novedosa: mezclar fondos estatales, mano de obra y aportaciones económicas de colonos y campesinos. Esta política, alejada del populismo –y precursora del Programa Nacional de Solidaridad– le permitió reducir la presión social, y a los beneficiarios, elevar sus condiciones de vida y su autoestima.

Pocos gobiernos se atreven hoy a subir impuestos o a crear nuevos tributos. Primero, para no pagar los costos políticos; y segundo, porque no está el horno para bollos. La corrupción de los últimos gobiernos en la asignación de obra a contratistas inescrupulosos ató de manos al gobernador Miguel Riquelme y al presidente López Obrador para procurar, por la vía fiscal, nuevas fuentes de ingreso. Tampoco pueden recurrir al financiamiento, pues recibieron deudas escandalosas; y en el caso de Coahuila, sin soporte legal.

Una de las decisiones más relevantes de la gestión de Mendoza Berrueto, serviría de salvavidas para las finanzas del Estado y fue la creación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN). Su aplicación supuso arduas e intrincadas negociaciones con el sector privado; sobre todo de Saltillo. Los empresarios de La Laguna, no sin objeciones, rompieron el punto muerto. Como en el caso de los programas sociales, el Gobierno logró la participación patronal con un argumento irrecusable: el dinero no ingresaría a las arcas, sino a un fideicomiso, se invertiría en los municipios que lo generaran y las obras las decidiría un comité técnico formado por organismos empresariales y autoridades estatales y municipales.

Sin embargo, los gobiernos sucesivos confiscaron el ISN y desvirtuaron su esencia; incluso el moreirato lo utilizó como garantía de la megadeuda. La falta de valor o de liderazgo –o de ambas cosas– de las cámaras para exigir que se regrese al esquema original, aumenta el rezago de infraestructura en las ciudades y priva a las comunidades de obras indispensables.


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