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Federico Muller
Federico Muller
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24 Mayo 2019 03:58:00
Impuestos y condonaciones
Existe una frase que se repite frecuentemente entre la ciudadanía estadunidense acerca de un par de acontecimientos que sucederán irremediablemente en el transcurrir del tiempo: el primero tiene que ver con la muerte del individuo, y el otro con el pago de impuestos al Gobierno.

Este último ilustra el alto grado de fiscalización que se tiene hacia los consumidores, aunque como en todos los países del mundo se presentan excepciones, particularmente en aquellos que tienen poder económico.

En México, el control impositivo es relativamente más relajado que el de los vecinos del norte, aunque con la utilización de sistemas tecnológicos modernos, cada día la evasión y elusión del cobro de impuestos disminuye, pero todavía sigue siendo insuficiente para los requerimientos del país. El monto de la recaudación por ingresos tributarios en 2017 representó menos de 18% del PIB, mientras en Brasil alcanzaba 32.2% de su PIB.

Ese bajo índice de recaudación se puede explicar por la desconfianza hacia el buen uso y destino de los impuestos y la informalidad económica, que se puede presentar de dos maneras; una de ellas es la precaria cultura impositiva y ética que se da en las transacciones comerciales y de servicios, que comprende desde los honorarios generados por las consultas médicas -que no expiden recibo fiscal-, hasta los negocios que presentan como opción la facturación, que generalmente el consumidor declina para evitar la tasa impositiva y pagar menos por el producto o servicio recibido.

Y la otra engloba las actividades de comercio ambulante o en mercadillos, además de todos los oficios como plomería, carpintería, etc., que ni siquiera tienen un registro fiscal ante la Secretaría de Hacienda, y mucho menos seguridad social.

Además de los factores mencionados, han influido las tasas impositivas cero y exentas del IVA, que se mantienen en varios productos y servicios.

Aunado a ello, con la nueva disposición de disminuir la carga fiscal en las poblaciones localizadas en la frontera norte, el monto del erario no ha crecido como se esperaba, y es difícil que se cumplan las metas trazadas, de ahí que el Gobierno federal, a través del Ejecutivo, haya cancelado las condonaciones fiscales, que según la oficina del SAT, de 2007 a 2018 ascendieron a 400 mil millones de pesos, en donde los más beneficiados fueron 108 contribuyentes, recibiendo alrededor de 50% de la cifra citada.

No obstante, si se condonan los adeudos a CFE que tiene un sector de la población de Tabasco, las políticas deberían aplicarse para todos y de ninguna manera tener carácter discrecional.

Aunque la cancelación de la condonación fiscal es una medida “justa”, con respecto a la Ley de Ingresos anual no representa un gran porcentaje, y como las expectativas de crecimiento de la economía para 2019 son inferiores al PIB del año anterior, entonces es improbable que haya relevantes aumentos en la recaudación fiscal.

En conclusión, lo que se tiene es un Gobierno acorralado, rehén de sus propias promesas electorales, como la de mantener sin cambios el sistema fiscal.

La política fiscal que se está siguiendo carece de una planificación sexenal, los recortes en sueldos y presupuestos en la Administración Pública Federal, añadiendo los recursos que antes no se cobraban al condonarse, no equilibran las finanzas públicas. Son superiores los recursos que se destinan al gasto público que los ingresos recabados.

Si lo que se busca es redistribuir la riqueza, el camino a seguir es la creación de ambientes propicios para la inversión privada e indudablemente llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, en el corto plazo, que aumente la base gravable y combata la economía informal.
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