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Gerardo Hernández
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29 Febrero 2020 04:01:00
Incitación a la justicia
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Tarde o temprano el destino alcanzará al moreirato. Aplicado al caso, el título de la película Cuando El Destino Nos Alcance, dirigida por Richard Fleischer, es una incitación a la justicia. También lo es la demanda de los diputados federales de Morena, Diego del Bosque (Saltillo), Melba Farías (Monclova) y Javier Borrego (San Pedro), expuesta el jueves en el Congreso, para investigar el desfalco por mil 300 millones de pesos en la Sección 38 del SNTE, con el mismo rigor con que se actúa en la Sección 5, donde se han denunciado fraudes por 60 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 16 denuncias penales por irregularidades en diversos programas de la Sección 38, cuyo monto asciende a mil 300 millones de pesos de 2012 a 2016, durante el Gobierno de Rubén Moreira. De ellas, tres corresponden a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre); cuatro, al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación; el mismo número, al Seguro de los Trabajadores de la Educación; otras tantas, al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y una, al Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila. El problema es que en 13 casos se dictó el no ejercicio de la acción penal, razón por la cual fueron recurridos por la ASE (Espacio 4, 634).

La demanda de los diputados de Morena pone en jaque a los Moreira y a sus protectores en el Tribunal Superior de Justicia y en el Sistema Estatal Anticorrupción, pues es el asunto de la Sección 38 ha llamado la atención del fiscal general Alejandro Gertz Manero. También puede afectar al PRI en las elecciones del 7 de junio para renovar el Congreso local. Sobre la corrupción gubernamental en el periodo 2005-2017 se refirió también la diputada Tatiana Clouthier en la conferencia Transparencia en la Cuarta Transformación, el 28 de enero en Saltillo, invitada por su compañero de bancada Diego el Bosque.

Sobre el caso de la Sección 38, Roxana Cuevas, de la Coalición de Trabajadores de la Educación (CTE), dice que “el Gobierno federal puede hacer algo al respecto, pero el Gobierno del Estado debe hacerlo también. No puede ser que en Coahuila, por ser un estado priista, se oculte el problema. Esto trasciende las barreas de la entidad, se trata de un tema grave, pues tiene que ver con el derecho a la salud de los trabajadores. Y si a las personas que nos han hecho daño las tratan de poner en candidaturas de nuevo en Coahuila, pues es una afrenta muy grande para la sociedad”.

La exdiputada del PRI, advierte que la complicidad entre el Gobierno del Estado y la Sección 38 del SNTE se refleja en que “desde el 2000 las auditorías no arrojan datos de lo aportado históricamente. Esa es una parte del colapso de nuestras pensiones. La otra, es que de 2010 (penúltimo año del Gobierno de Humberto Moreira) a la fecha se ha venido colapsando por las irregularidades que suman mil 300 millones de pesos en cuatro instituciones”. Sobre el acuerdo firmado con la Administración de Miguel Riquelme “se hizo el compromiso para auditar los fideicomisos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que estaban blindados para usarse en caso de que los trabajadores no pudieran recibir su seguridad social”.


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