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Juan Latapí
Juan Latapí
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09 Febrero 2020 03:10:00
Injusticia abierta
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México ocupa el tristemente célebre primer lugar en impunidad en América Latina, debido a que la mayoría de los delitos no se denuncian y únicamente el 6.8 por ciento sí se denuncian, y por lo que respecta a las mujeres mexicanas, 43 de cada 100 de ellas son víctimas de algún tipo de violencia, pero apenas sólo 8 denuncian.

El bajo nivel de denuncias de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia obedece a varias razones, entre las que se incluyen la poco eficiencia de las instituciones para investigar delitos y administrar justicia, pero también la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia debido a la discriminación que reproducen los sistemas de justicia.

Sin duda la mayor preocupación que nos inquieta hoy en día como sociedad es la inseguridad que en vez de disminuir sigue incontenible, cada día con mayor cantidad de víctimas, pero sobre todo, cada vez con mayor impunidad y peor aún, en el caso de las mujeres en todo el país. A nivel local lo estamos viendo con el caso de una conocida conductora de noticias de TV, quien fue víctima de una abuso sexual y que su agresor sigue tan campante con toda impunidad.

En el informe “Injusticia Abierta”, elaborado por la organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres (http://www.equis.org.mx/injusticia-abierta/), se expone que de los pocos delitos que se denuncian solo una minoría se judicializa, sin que esto garantice de ningún modo llegar a obtener una sentencia. Además, una sentencia tampoco es una garantía de protección y justicia para las mujeres, es muy común encontrar violaciones al derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Estas violaciones han sido motivadas por razones de género, donde quien juzga es quien genera, justifica y perpetúa la violencia y la discriminación hacia las mujeres.

En un contexto donde, desde 2012 a 2019 -menciona el informe citado-, se han asesinado más de 10 mil mujeres y menos del 20 por ciento de estos casos han recibido justicia, verdad y reparación; donde 4 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, es necesario y urgente transformar las estructuras, así como las dinámicas judiciales para generar justicia donde hoy hay impunidad, para proteger donde hoy hay violencia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada el año pasado por el Inegi, señala que el 67.5 por ciento de la población considera que las y los jueces son corruptos; 68.5 por ciento de las mujeres entrevistadas y el 66.4 por ciento de los hombres entrevistados consideran al Poder Judicial como un órgano corrupto. Basta de ejemplo de esa injusticia la sentencia contra el investigador Sergio Aguayo.

La desconfianza en el sistema y escasa transparencia limitan el acceso a la justicia. Cuando el Poder Judicial en México, órgano encargado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, discrimina e incumple con su deber, ¿quién garantiza nuestro derecho a la justicia?, cuestiona el informe “Injusticia Abierta”, ¿quién juzga a quienes juzgan? La transparencia es la única vía para garantizar que los poderes públicos hagan su trabajo adecuadamente.

En el informe citado se presentan los resultados que arrojó la evaluación de los 32 Poderes Judiciales de las entidades federativas del país, donde se evalúa la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. El resultado es desolador; ninguno de los Poderes Locales alcanzaron el 50 por ciento de la puntuación deseada en el ejercicio real de transparencia. Todos los Poderes Judiciales Locales quedaron reprobados en transparencia. Coahuila obtuvo apenas el 10 por ciento y en muchos de los aspectos evaluados eludió responder, carece de información o contestó algo diferente a la pregunta.

Existe una falla institucional grave debido a que, en general, los Poderes Judiciales Locales en México no conocen sus obligaciones en transparencia y acceso a la información, y quienes conocen sus obligaciones no tienen voluntad de cumplirlas. El acceso a la información -concluye “Injusticia Abierta” es mucho más que el acceso a las sentencias; es conocer procesos, derechos vulnerados, mecanismos para exigirlos, es generar empoderamiento legal. No podemos olvidar que sin transparencia no hay rendición de cuentas y sin rendición de cuentas no hay garantía de acceso a la justicia y combate a la corrupción.
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