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Macario Schettino
Macario Schettino
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Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.

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31 Julio 2009 03:27:34
Invertir en seguridad
Seguridad y lucha contra el narcotráfico no son exactamente la misma cosa. Tampoco son totalmente independientes, pero debemos pensarlos por separado para entenderlos.

La seguridad de las personas, y sus bienes, es una responsabilidad básica del Estado. Para muchos, empezando por Hobbes, es incluso la única responsabilidad clara. La lucha contra el narcotráfico, o más genéricamente, contra la delincuencia organizada, es en realidad un movimiento de autodefensa del Estado. Mientras en el primer caso somos los ciudadanos los amenazados, en el segundo es el mismo Estado el que está en riesgo.

Por eso la guerra lanzada por este gobierno al narcotráfico: porque en la segunda mitad de 2006 la delincuencia organizada cruzó la línea de ser una simple amenaza a la ciudadanía a convertirse en una amenaza al Estado. Un competidor que controlaba zonas importantes, impartía justicia, un protoestado delincuencial. Aunque, para algunos, no haya de otros.

Para los ciudadanos, el problema importante no es ése, sino el otro, la seguridad común y corriente. Reitero, no se trata de un fenómeno totalmente independiente del otro. En muchos lugares, la delincuencia organizada ha diversificado su actuación para intervenir directamente, o para controlar, los delitos contra la ciudadanía: extorsión, asalto, secuestro. Delitos que producen dinero.

Al final, para nosotros eso no tiene mucha importancia. Si detrás de quien nos agrede está una organización o no, no es tan relevante. Nosotros, simples ciudadanos, quisiéramos tener alguna garantía de que nuestra vida y nuestros bienes no están permanentemente en riesgo. Y en eso el Estado mexicano ha fallado. Siempre ha fallado, pero desde los años 70 esas fallas han sido cada vez más dolorosas.

Los expertos tendrán explicaciones de por qué ha ocurrido esto y cómo podría resolverse, pero me parece que hay algo que se puede aportar. Hace unas semanas mi familia fue víctima de un asalto que, afortunadamente, sólo implicó la pérdida de algo de dinero, documentos y un auto. Este evento me ha permitido ver, así sea tangencialmente, el funcionamiento del sistema de seguridad y procuración de justicia.

Tal vez no debería sorprenderme, pero lo que me he encontrado ha sido un puñado de personas verdaderamente interesadas en cumplir con su trabajo: ministerios públicos, policías judiciales, secretarios, todos haciendo su parte de manera amable y eficiente. Califico: amable en ese terrible ambiente no es cosa menor; eficiente en nuestro sistema legalista, tampoco. Trabajan en condiciones lamentables, con mobiliario destruido, con equipos insuficientes, en locales más propios para bodega que para atención al público. Trabajan también con sueldos muy reducidos. Gran injusticia, me parece, pagar poco a quienes reciben nuestra confianza. Los hacemos responsables de cuidarnos, en nuestros bienes y nuestras vidas, pero no los hacemos merecedores de una vida razonablemente desahogada.

Para enfrentar a los protoestados delincuenciales, el Estado mexicano decidió utilizar al Ejército, y rápidamente comprendió que no podría encomendársele esa tarea sin recompensar adecuadamente sus servicios. Enhorabuena, hoy los militares tienen ingresos significativamente mayores, y sobre todo prestaciones que les permiten considerar dedicar su vida a esa carrera. Las deserciones han bajado de manera muy importante.

Para enfrentar el problema de seguridad, es necesario que el Estado mexicano lo considere igualmente importante. Si lo hace, tendrá que darse cuenta de que el sistema de procuración, impartición y administración de justicia tiene serios problemas. Hay un problema de diseño que lo hace inherentemente ineficiente, problema que hemos heredado de la justicia colonial, pero sin duda lo hemos aumentado. Hay problemas elementales de organización y coordinación. Todo esto puede resolverse, lo comentaba hace ya unos años en estas páginas, con un poco de trabajo, organizando mejor los flujos de información, definiendo mejor los requerimientos, haciendo más rápidas las decisiones.

Pero al final hay un problema de inversión. No estamos gastando lo necesario en nuestro sistema de seguridad y justicia. Y lo vuelvo a decir, de manera independiente de la lucha contra la delincuencia organizada, que es un problema del Estado y no directamente de la ciudadanía. Para nosotros, los ciudadanos, lo importante es que el sistema de justicia castigue a quienes nos dañan. Esto no puede ocurrir cuando un Ministerio Público tiene cientos de averiguaciones, que pasan a un juez con miles de procesos, con presuntos culpables que pueden pasar años en una cárcel sobrepoblada sin tener sentencia.

Nos faltan cárceles, nos faltan jueces, nos faltan ministerios públicos, secretarios, judiciales. Y nos falta que tengan el equipo necesario para hacer su trabajo. Y que puedan considerar su dedicación a la justicia como una carrera.

Al no invertir lo necesario en seguridad y justicia, cometemos el mismo error que tenemos en educación y salud. Pagamos en especie lo que nos negamos a pagar en efectivo. Pagamos en inseguridad, en pésima educación y poca salud lo que no queremos pagar en impuestos.

Quienes cuidan de nuestras vidas y bienes merecen ser reconocidos. Está en nuestro propio interés hacerlo.

http://www.macario.com.mx

Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
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