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Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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31 Octubre 2019 04:09:00
Jorge Torres en Texas: las falsas ilusiones
Al cumplir prófugo seis años, al fin, Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, se fue a Corpus Christi donde había sido requerido por la Corte para el Distrito Sur de Texas desde octubre 29 de 2013 por los cargos de fraude bancario, postal, electrónico y lavado de dinero.

El asunto es trascendental para el estado, aunque supone básicamente dos vías: las implicaciones legales allá, y las implicaciones políticas acá. Consecuentemente, y dependiendo de ambas, las implicaciones en la opinión pública.

Para comenzar hay que delimitar los hechos. Entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas durante la gestión de Humberto Moreira– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación entonces– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas. Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, este le fue confiscado. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Y nada más. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como Mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

No se haga ilusiones: lo anterior ni siquiera será materia de juicio en la Corte. No forma parte de la litis, pues.

Además podría llegar a ser testigo protegido en Texas, lo cual implica un compromiso de rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento a fin de condenar a personajes más importantes. Ello presume, de antemano, que hay más hebra en la madeja. Que sus delitos no son actuaciones aisladas e independientes. Y asume, interpretando en sentido contrario, que la delincuencia es organizada. Jorge Torres sería entonces un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. Una pieza menor.

Particularmente cuando su causa penal está vinculada con Villarreal, pues involucra a ambos. Dichas acusaciones eventuales hacia un escalón más alto de la pirámide, no obstante, estarían sujetas a aprobación (y la aprobación, por su parte, a verificación de la jueza texana responsable del caso, Nelva Gonzáles Ramos).

Aunque puede ocurrir que no sean aceptadas y le sea negado el beneficio. Y aquí cabe hacer un matiz: qué credibilidad podríamos esperar de alguien que, a las primeras de cambio, cuestionado por el banco JP Morgan Chase sobre el origen de sus recursos depositados en él, afirmó ser copropietario de Cemex. Antecedente inscrito en los documentos de la Corte, y que mina su credibilidad. Javier Villarreal, por su parte, dijo ser dueño de una distribuidora de Mercedes Benz (Reforma, 27/09/13).

Como consta en el documento 34 del expediente 2:13-cr-01075, en poder de quien esto escribe, el secretario de la Corte división Corpus Christi admitió el 7 de marzo al abogado penal Thomas J. McHugh como representante legal de Torres López en el caso, al concederle una dispensa especial, pues él no tenía licencia para ejercer en esa jurisdicción. El veterano penalista, con despacho en San Antonio, es experto en defensas por fraude, delitos bancarios, evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, corrupción pública, apropiación indebida de fondos y conspiraciones. Además ayuda a recuperar bienes confiscados y a descongelar cuentas bancarias, virtudes que le vienen como anillo al dedo.

Así, con la anexión de McHugh, ya son tres abogados a su causa, pues originalmente Torres López había contratado a Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, también de San Antonio. Los tres comparten una característica en común: son exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares. O sea conocen las entrañas del monstruo. Ojo.

Ahora bien, si usted se pregunta cómo se comportará Jorge Torres, la respuesta radica en saber qué pasó entre febrero 6 y octubre 28 de 2019. Es decir, un día después de su detención, en Puerto Vallarta, y un día previo a su extradición, desde Toluca. En esos 264 días está la clave y, eventualmente, el futuro político de Coahuila.

Quién lo visitó, qué recados recibió, cómo se sintió –hipertenso e infartado– en la intimidad y soledad de su celda dentro del Reclusorio Preventivo Sur. Hizo algún trato, acaso prometió, o pactó algo. De ser así, con quién o quiénes. ¿Midió las nuevas condiciones del terreno político? ¿Sopesó la correlación de poderes en 2019?

En resumen: de qué lado está. Y lo más importante: de qué lado no está. Suponiendo que, en esa relación, hay dos partes. Alejado del bullicio de la falsa sociedad, parafraseando a José Alfredo Jiménez, tiempo para reflexionar tuvo.

Torres López, al final, es una cuenta más en el rosario de extesoreros apresados. El exsecretario de Finanzas de Nayarit en tiempos de Roberto Sandoval (2011-2017), fue aprehendido por peculado el pasado 20 de octubre (el auditor Superior había sido detenido previamente, en agosto, por falsificación de documentos). El exsubsecretario de egresos de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Mancera (2012-2018),fue apresado el 13 de octubre. El exsecretario de Hacienda de Chihuahua, en la gestión de César Duarte (2010-2016), colaboró con la entonces PGR y fue exonerado por lavado de dinero, defraudación bancaria y delito fiscal durante la Presidencia de Peña Nieto, el 24 de marzo de 2018. Mismo caso del exsecretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte, en Veracruz (2010-2016), quien logró un acuerdo el 19 de enero del presente año, al aportar “información eficaz y esencial” para las investigaciones de un delito más grave.

El extesorero de Roberto Borge, en Quintana Roo (2011-2016), fue detenido el 25 de enero de 2018. El extesorero de Rodrigo Medina en Nuevo León (2009-2015) fue vinculado a proceso el 26 de julio de 2016, por peculado y ejercicio indebido de funciones.

Pero hay un caso que asemeja más al coahuilense. El del extesorero de Tomás Yarrington en el Gobierno de Tamaulipas (1999-2004), Fernando Cano Martínez, quien fue detenido y puesto en libertad el 7 de marzo de 2017. Yarrington, por su parte, fue detenido en Italia, en abril de 2017, extraditado en 2018 a Estados Unidos y llamado a juicio en Texas en enero de 2020. Casualmente, en la misma Corte para el Distrito Sur, acusado de fraude bancario, delincuencia organizada, conspiración para lavar dinero, ocultar transacciones, evitar reportes, e importar mariguana y cocaína.


Cortita y al pie

Adyacente al tema, queda saber si este impactará en la opinión pública de Coahuila, convertida esta en participación electoral durante el proceso que inicia el 1 de enero del próximo año y se vota el 7 de junio.

La realidad es que no. No por sí misma, por lo menos.

Cito un ejemplo para contextualizar: si en 2011, en plena campaña electoral para renovar la gubernatura, cuando el PAN tuvo en bandeja y de primera mano la información proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –al mando de Ernesto Cordero– respecto del endeudamiento hasta entonces desconocido en Coahuila, no la supieron –o no la quisieron– aprovechar, mucho menos sabrán qué hacer ahora, en la víspera de unas elecciones –las de diputados locales– que, tradicionalmente, no generan interés.


La última y nos vamos

Por lo demás, Jorge Juan Torres López no es un eslabón que se pueda quitar sin consecuencias. Por el contrario: sin él se rompe la cadena completa y ya no funciona como tal. Es la bisagra principal. Pero si una palabra caracteriza su meteórica carrera política, esa es lealtad. Ocupar, en todo momento, la posición más peligrosa. Sentarse siempre sobre un barril de pólvora.

Y al final todas las variables dependen, en estricto sentido, de un ejercicio íntimo: la objeción de conciencia. El tono en que cantará el repertorio, de hacerlo, o inmolarse cristianamente por una causa superior. Ser el sacrificado.
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