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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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11 Octubre 2019 04:05:00
Juristas y no políticos
Ahora son de salud, los motivos argumentados por la magistrada Miriam Cárdenas Cantú como causa para dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Antes había dicho que por cuestiones familiares y personales debía dejar el puesto, sin embargo tal parece que en esta ocasión sí lo hizo, según lo confirmó el miércoles pasado el diputado local Juan Antonio García Villa, quien también es miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, quien dio a conocer que en sesión de ese mismo día se trató lo relativo a la solicitud de jubilación de la magistrada, la cual fue aprobada por ese consejo y tendrá efectos a partir del próximo 30 de octubre.

Es de mencionar que con la salida de la magistrada presidenta, serán cinco las vacantes que se acumulen en el Tribunal, esto de 15 magistraturas que integran el Pleno, las cuales deberán ser cubiertas a la brevedad. A lo anterior debemos sumar que el próximo año, sin duda, también el magistrado Óscar Nájera Davis, quien cumplirá los 15 años para los que fue designado, dejará su cargo para buscar también la ahora tan demandada jubilación.

Sin duda, las causas pueden ser muchas, desde la evidente crisis de operatividad que vive el Poder Judicial de nuestro estado a raíz del desfalco sufrido en anteriores administraciones, hasta la conveniencia de aventar la toalla de manera oportuna y alcanzar aún una buena jubilación, esto es, antes de que la 4T alcance y afecte a las grandiosas prestaciones que todavía disfrutan los magistrados que integran el pleno de la máxima autoridad judicial en el estado y que por inercia de lo sucedido a los ministros de la Corte, ahora corren más peligro que nunca.

Entonces, lejos de considerar esta deserción tumultuaria como una mala etapa en la vida judicial de nuestra localidad, la misma podría verse como la mejor oportunidad para que nuestros gobernantes y representantes, ahora sí, puedan elegir a los perfiles más apropiados para cubrir estas ausencias, es decir, que esta vez, y como no ha pasado en las últimas asignaciones, se pueda seleccionar a verdaderos profesionistas del Derecho, los cuales deberán ser capaces no solo de sacar al Poder Judicial del pozo en que se encuentra, sino que puedan elevar la calidad de justicia en nuestro estado, que en la actualidad presenta una profunda crisis de credibilidad y eficacia. Es decir, que la ola de jubilaciones que ahora se presenta en nuestro máximo órgano de justicia debe ser la mejor ocasión para que quienes nos gobiernan dejen de lado esa deplorable práctica de usar las magistraturas como prebendas políticas, tal cual sucedió en las últimas asignaciones, en las cuales se eligieron políticos y no juristas, lo que poca satisfacción ha dado al Poder Judicial estatal y a los mismos coahuilenses.

Perfiles hay muchos: jueces sin señalamientos y de probada eficacia, funcionarios judiciales que han demostrado que el hacer justicia puede ser una labor honesta y hasta abogados litigantes llenos de experiencia forman parte de las alternativas que se tienen para llenar estos espacios. Entonces, la ecuación es sencilla: si en verdad se quiere mejorar la manera en que se imparte justicia en el estado, deberá entonces elegirse a quienes conozcan de la misma, ya que la práctica nos ha dicho que los políticos nada saben de este tema.
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