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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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01 Marzo 2019 03:47:00
‘Justicia cara’
Por lo visto, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, antes de recuperar la credibilidad de algunos de sus jueces, le urge recobrar los cerca de 127 millones de pesos, que su antecesor el magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, indebidamente apostó y jamás recuperó. Y es que debemos recordar, que en el año 2015, el Poder Judicial Local, perdió esa cantidad que formaba parte de un fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, gravamen que hasta hoy sigue pesando en poder judicial de nuestro estado.

Y es que desde aquella fecha, la justicia en nuestro estado cada día más observa terribles deficiencias en su funcionamiento, y cómo no, si dicho fondo, además de tener como objetivo la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura, también era utilizado para la compra de material consumible necesario para el diario funcionamiento de este poder.

Lo grave de este asunto, es que lo que ahora intenta hacer su titular para recuperar lo perdido, no es ni por poco el imponer castigos a los culpables, si no que, con políticas recaudatorias, la magistrada presidenta

busca recapitalizar a este órgano judicial por medio de la imposición de cuotas y cobros por los servicios prestados por los juzgados y otras dependencias a su cargo, servicios que en todos los casos debieran ser gratuititos y accesibles para el ciudadano.

Por si lo anterior fuera poco lamentable, debemos recordar, que el siniestrado fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, se constituye principalmente con los recursos provenientes de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a las partes en juicios de todos tipos y por diversas causas, por lo que sin duda, estos son recursos públicos, así pues y a pesar de ello, el anterior presidente del Tribunal superior de Justicia de Coahuila, sin derecho alguno, decidió invertirlo en una sociedad de ahorro.

En aquel 2014, este fondo tenía acumulada la cifra de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, los cuales inexplicablemente fueron tomados por el titular para ser desviados de su finalidad y jugados en una caja de ahorros de reciente creación, que funcionaba como Sociedad

Financiera Popular (Sofipo) llamada Ficrea S.A. de C.V., SFP. Así pues y por si lo anterior fuera poca desgracia, meses después la comisión nación bancaria y de valores CNBV. Anunció que intervendría a esta financiera, por sospechas de lavado de dinero, declarando su liquidación en el año 2015, fecha desde la cual el recurso desapareció y se le necesita hoy como nunca en nuestro sistema de justicia.

Así fue como iniciaron las carencias en el poder judicial, las cuales se hacen cada vez más evidentes al punto de poner en riesgo la operatividad del sistema de justicia, sin embargo en un afán de compensar dicha situación, quienes manejan a dicho poder independiente, han decidido hacer de la justicia en Coahuila, una fuente de ingresos, a pesar de que por mandato constitucional debiera ser totalmente gratuita, pero ante la carestía heredada, ahora los justiciables, deben pagar hasta por revisar sus expedientes.

Así pues, la carencia económica y de valores de algunos de los juzgadores, declarada por la presidenta en su informe, hace de la justicia coahuilense una de las más cuestionadas e ineficaces de toda la república.
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