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Gerardo Hernández
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01 Febrero 2020 04:07:00
Justicia prostituida
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La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre el acoso a Sergio Aguayo ha sido demasiado débil. Se trata de una amenaza grave e inadmisible contra la libertad de expresión, de la cual el Presidente es uno de los principales beneficiarios. La adhesión nacional y extranjera al analista e investigador del Colegio de México, representa una condena al sistema judicial y a los políticos corruptos cuya influencia prostituye la justicia. Gerardo Moyano escribe en Espacio 4 sobre el futuro que podría depararle a quien opine, informe y critique al Poder.

“El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue dando un paso adelante y 10 hacia atrás en materia de libertad de expresión. El mismo día que la periodista Lydia Cacho celebraba la condena de cinco años de prisión para un excomandante policial involucrado en la tortura a la que fue sometida en 2005 –en represalia por su libro Los Demonios del Edén– se dio a conocer un “borrador” de reforma al Código Penal Nacional (CPN) que propone revivir el delito de difamación con condena de cárcel.

“El pasado 17 de enero, varios medios nacionales publicaron la iniciativa de reforma al CPN que la Fiscalía General de la República (FGR) envió para discusión al Senado, en la cual se establecen penas de hasta seis años de prisión para un delito que fue derogado del Código Penal federal en 2007.

“Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, dice la propuesta que circula entre los senadores.

“De ser aprobada, la difamación quedaría tipificada como delito contra la cultura cívica en la fracción 5 del Artículo 468 del CPN, lo cual ha generado críticas de diversos sectores. Entre ellas, destacan las de Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideran la propuesta como un atentado contra la libertad de expresión.

“En la región hay resabios de autoritarismo que se expresa en esta legislación penal que criminaliza la libertad de expresión y es algo que no nos hemos podido sacudir, es muy común en la región que se penalice lo que se conoce como la calumnia. (…) (La iniciativa) volvería a poner en grave riesgo el ejercicio periodístico, máxime que esté en el Código Penal Nacional que será aplicable en todo el territorio, por autoridades del fuero común y del fuero federal”, dijo Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 (Reforma, 17-01-20)

“Maldonado recordó que de aprobarse la iniciativa, México se sumaría a un pequeño grupo de países que sentencia con cárcel este tipo de delitos, en el cual están Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán y China. Por su parte, la SIP calificó como ‘un retroceso’ la posibilidad de castigar como delito penal la difamación ‘retrotrayendo al país a épocas en las que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar’.

“En este sentido, la ONG solicitó al Gobierno y al Senado mexicanos que durante la discusión de la reforma, la cual se realizará en febrero, ‘observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión’, en particular la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual señala que ‘la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles’”.

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