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19 Marzo 2015 03:00:42
La administración del agua potable
Por: Federico Muller
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Para tratar de vincular y transferir experiencias recíprocas entre el sector productivo y el académico universitario de carácter público, se han diseñado diferentes políticas y estrategias de colaboración, y una de ellas ha sido la suscripción de convenios, como el qué se estableció en el 2011 entre la Universidad Autónoma de Coahuila y Aguas de Saltillo (Agsal), empresa paramunicipal responsable desde el 2001 del servicio y suministro del vital líquido en la ciudad de Saltillo.

Sondeos de opinión.s Durante los tres último años, docentes y alumnos de la Facultad de Economía de la UAdeC han llevado a cabo sistemáticamente estudios para conocer la opinión de los saltillenses sobre el servicio que reciben de la compañía de agua potable. El universo poblacional en que se trabaja está conformado por más de 215 mil usuarios que tienen contrato con Agsal; desde luego, sin considerar el consumo de los sectores comercial e industrial.

Con el objetivo de minimizar costos, optimizar recursos y lograr economías de escala, y desde luego sin minar la calidad del proceso de recopilación de información y por ende de los resultados de la encuesta, se acordó por las partes involucradas definir el tamaño de la muestra estadística a través del método de remuestreo Bootstrap, modelo y técnica aceptados por la comunidad científica estudiosa de la estadística no bayesiana, al cumplir con los intervalos de confianza exigidos por la literatura especializada para considerar la apreciación del entrevistado, vertida en los cuestionarios aplicados, como representativa del total de la población objetivo.

Iniciativa de Ley… Históricamente, después de la Ciudad de México presidida por gobiernos emanados del PRD, Saltillo es uno de los municipios del país que han transferido a la empresa privada la administración del servicio de agua potable domiciliario.

Casos anteriores vividos por los consumidores, que han experimentado el cambio administrativo en la explotación de los recursos hídricos, pueden ser un buen catalizador para emitir opiniones sobre la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 y cuya viabilidad se discute actualmente en el Congreso de la Unión. Causaron alboroto entre líderes políticos de izquierda y organizaciones populares las reformas propuestas en la Ley de Aguas que se discutiría y aprobaría en el pleno de la Cámara de Diputados; la efervescencia que despertó la iniciativa de ley fue tal, que los representantes del pueblo acordaron posponer la votación para otra ocasión más propicia.

En los corrillos populares, conscientes de la desvalorización que paulatinamente ha experimentado el patrimonio familiar de las clases medias, se levanta la voz para exigir a los diputados que no aprueben más reformas privatizadoras de los bienes y servicios que por mandato constitucional deberían manejar los gobiernos federal, estatal y municipal, como aquellas que restringen el consumo de un bien público al que todos los mexicanos tienen derecho y que de ninguna manera debe tratarse como una mercancía, sujeta a la oferta y demanda del mercado: el agua.

Más allá de las concepciones ideológicas. Lamentablemente, en la planificación del uso del agua urbana y agrícola en México no se puede aplicar la célebre frase del político responsable de los cambios estructurales en el modelo económico de China, cuando declaró a la prensa estadounidense: “No importa el color del pelambre del gato, sino su efectividad en la caza de ratones…”.

En los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, que por ley se elaboran en cada sexenio presidencial, no han aparecido políticas públicas de largo alcance encargadas de enfrentar el grave problema que se agudiza con el paso del tiempo: el abastecimiento de agua potable a las ciudades del país.    
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