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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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24 Diciembre 2019 04:05:00
La huella Zeta (I)
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La pesadilla revivió en Villa Unión, a 60 kilómetros de Estados Unidos y a 400 de Saltillo, mientras el gobernador Miguel Riquelme rendía su segundo informe, el 30 de noviembre. Diecinueve presuntos sicarios y cuatro agentes perecieron a consecuencia de los enfrentamientos entre el Cártel del Noreste y policías estatales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional. También murieron un bombero y un menor de edad secuestrados. Villa Unión forma parte de los Cinco Manantiales junto con Morelos, Nava, Zaragoza y Allende, donde los Zetas sembraron terror y destrucción el 18 de marzo de 2011. En este caso, quizá jamás se conozca a ciencia cierta el número de muertos y desaparecidos, pero diversas fuentes e investigaciones lo cifran en 300. Entonces imperaba en el estado un régimen de corrupción y complicidad.

La noticia cayó como bomba y puso de nuevo al estado en el candelero mediático, esta vez con la fachada del Ayuntamiento acribillada y patrullas incendiadas como signos irrefutables de una guerra sin fin. «Los civiles iban armados y las autoridades creen que eran pistoleros de la “Tropa del Infierno”, un brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), fruto de la escisión de los Zetas, que tuvo fuerte presencia en Coahuila», publicó BBC News Mundo. Coahuila es el cuarto estado más seguro del país, había dicho Riquelme ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien representó al presidente López Obrador en el informe.

Coahuila ocupó el puesto 13 en el ranking de percepción de seguridad de Consulta Mitofsky, correspondiente a octubre. El 20.1% de los encuestados la considera mejor; el 46.5%, igual; y el 50.7%, peor. La prioridad de la Administración de Miguel Riquelme consiste en mantener la paz. AMLO ha reconocido públicamente y en sesiones del Gabinete de Seguridad los resultados de la coordinación en Coahuila. Ajena a los hechos en Villa Unión, Sánchez Cordero puso al estado de ejemplo de «cómo deben hacerse las cosas en materia de seguridad; han bajado ustedes el índice de criminalidad en una forma impresionante. Coahuila está en los primeros lugares de seguridad en el país y eso es para felicitarse».

Distinto a sus predecesores, quienes echaron tierra a la masacre en Allende y al uso de la cárcel de Piedras Negras como «virtual campo de exterminio», Riquelme modificó su agenda y viajó a Villa Unión para afrontar la crisis. En vísperas de su informe, anunció acciones y convenios para blindar la entidad contra la invasión de c´srteles. Sin embargo, como apunta la BBC y antes lo advirtieron ProPública y National Geographic, en Anatomía de una Masacre; la Universidad de Texas, en Control… Sobre todo el Estado de Coahuila; y Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, investigadores de El Colegio de México, en Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, las raíces del cártel se profundizaron durante el moreirato. Extirparlas no es una tarea sencilla.

Riquelme no ha sido señalado en México o Estados Unidos por tener vínculos o brindar protección al crimen organizado, lo cual lo exime de compromisos y le permite actuar con libertad. Según el estudio de la Universidad de Austin, testigos de juicios federales celebrados en San Antonio, Austin y Del Río entre 2013 y 2016 describieron “sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila -que han gobernado la entidad los últimos 10 años seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- a cambio del control total del estado” (El País, 06.11.17).

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