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Gerardo Hernández
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25 Diciembre 2019 04:05:00
La huella Zeta (II)
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Si a los emigrantes centroamericanos les dio la espalda para calmar al energúmeno de la Casa Blanca, el presidente López Obrador igual podría maquillar la estrategia contra el crimen organizado para disuadir a Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles. George Bush promulgó la ley respectiva en 2001 por los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

De aplicarse a los traficantes mexicanos, Estados Unidos podría perseguirlos en territorio nacional, imponerle al país sanciones económicas e incluso recurrir a las Fuerzas Armadas.

El 6 de diciembre, un día después de la entrevista del fiscal William Barr con AMLO, Trump dijo que el proceso ya estaba terminado, pero que “a petición de un hombre que me agrada y respeto, y ha trabajado muy bien con nosotros, presidente Andrés Manuel López Obrador, detendremos temporalmente esta designación e iniciaremos esfuerzos conjuntos para combatir decisivamente a estas crecientes organizaciones”.

El plan de AMLO consistiría en acorazar la frontera y dar a las autoridades locales manos libres para enfrentar a los cárteles con el apoyo de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, como ocurrió en Villa Unión. El Presidente miraría para otro lado y el costo político no lo pagaría él, sino los gobernadores.

El “¿Quién es quién?” en los estados busca, precisamente, obligarlos a cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad, pues “no todos madrugan”. La estrategia tendría un nuevo enfoque: balazos en el norte y abrazos en el resto del país.

Sobre el operativo en Villa Unión –apoyado por AMLO–, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se limitó a “condenar y lamentar los hechos”, pero no ofreció investigarlos para determinar posibles violaciones.

A este tenor, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, rechazó “absolutamente” ejecuciones extrajudiciales en Coahuila, sin ofrecer pruebas. ¿Nada de “mátalos en caliente”?

En el dispositivo del 17 de octubre en Culiacán (743 mil habitantes) para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, murieron ocho personas (cinco supuestos sicarios, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y un civil), según el Gabinete de Seguridad.

En Villa Unión (6 mil 352 pobladores) resultaron abatidas 25, más del triple. El argumento del Gobierno federal para liberar a Guzmán fue evitar un mayor número de víctimas; en Coahuila, avaló el operativo. Para AMLO, uno de los gobernadores que «más atención le dedica al tema de la seguridad”, es Riquelme.

Estados Unidos no quiere problemas en su traspatio. Quince días antes del enfrentamiento en Coahuila, su embajada renovó la alerta de nivel cuatro para que sus connacionales y empleados no visitaran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; después incluyó a Chihuahua.

En el nivel tres, cuya recomendación consiste en “reconsiderar el viaje debido a la delincuencia”, figuran Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

La violencia en la frontera representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

En Coahuila, los Zetas aumentaron su presencia en el gobierno de los Moreira. Heriberto Lazcano, uno de los jefes del cártel, murió en Progreso, el 7 de octubre de 2012, en un enfrentamiento con el Ejército y la Marina.

Su cuerpo “desapareció”.

Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto enlace de los Zetas en Europa, fue extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a la figura de “testigo protegido” y se declaró culpable de lavado de dinero para enfrentar su juicio en libertad.



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