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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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27 Diciembre 2019 04:05:00
La megadeuda coahuilense (última parte)
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La semana pasada Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dio cumplimiento a una sentencia emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), así como del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), respecto a la obligación del Estado de informar los pormenores de la deuda pública de Coahuila, es decir, los montos reales de la deuda, los pagos realizados, la aplicación concreta de los mismos, y el saldo actual de dicho pasivo.

El auditor estatal dio a conocer que la deuda no ha bajado, y que a pesar de que entre el 2012 y 2018 el Gobierno ha pagado más de 30 mil millones de pesos al servicio de la misma, es decir, a las instituciones bancarias y a los asesores, el monto de esta lejos de disminuir en algo, se ha incrementado.

Y es que, según explicó el titular de la ASE en un informe especial, de esos 30 mil 806 millones de pesos que hemos dado a los acreedores, solo se han destinado 5 mil 994 millones al pago parcial del capital, y que el resto se ha consignado al supuesto pago de intereses, gastos de reestructuras, comisiones y coberturas, es decir, que el dinero pagado, en su mayoría se hizo de agua.

Sin embargo, no todo es malo respecto a la información dada por el auditor estatal, ya que anunció que en aquel tiempo en que se descubrió el monto de la deuda, ta0mbién se supo que de la misma, por lo menos 18 mil millones se contrataron con documentos falsos y sin la autorización del Congreso local, es decir, que por lo menos la mitad de la deuda es ilegal y que por tal motivo y desde entonces se presentaron sendas denuncias en contra de los responsables de dicha transa ilícita, pero que por causas de la mala justicia por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Estado, y de los ministerios públicos de aquel tiempo, dichas denuncias fueron desechadas mediante acuerdos de no ejercicio de la acción penal, por no encontrarse elementos suficientes para consignarlas, pero que estos injustos acuerdos no quedaron firmes gracias a 12 amparos solicitados por esta auditoría, los cuales fueron concedidos todos por un juez federal.

Entonces, de ser cierto lo dicho por el auditor del Estado, respecto a las denuncias y los amparos favorables, estaríamos ante una clara posibilidad de que, por fin, los responsables de ese megafraude paguen por sus conductas, ya que con estos amparos se obliga a la actual Fiscalía del Estado a retomar las denuncias contra los autores de la megadeuda, además se tendría que dar parte de este ilícito a la recién creada Fiscalía Anticorrupción de nuestro estado, la cual debe investigar desde ahora, dada la vigencia de las denuncias. Pero además, sumémosle que gracias a las nuevas reglas que en materia de corrupción ha decretado la 4T, ahora sí la Fiscalía General de la República deberá procurar el castigo a los delincuentes, sin necesidad de que el Estado se lo solicite.

En resumen, respecto a la megadeuda de Coahuila, tal parece que por fin los coahuilenses podremos encontrar justicia, ya que para lograrlo solo basta la voluntad de nuestros gobernantes, o la aplicación de la ley, por lo que solo nos resta esperar que nuestro Gobierno estatal y la 4T nos demuestren que lo que nos han ofrecido es en realidad un verdadero cambio. O lo que es lo mismo, ¡ya lo veremos!
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