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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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29 Septiembre 2019 04:08:00
La ‘reforma judicial’
El ejercicio de cualquier función pública exige una impecable probidad, pero la de impartir justicia lo requiere más enfáticamente. De ella dependen, en última instancia, las garantías mismas de la legitimidad de toda acción de la autoridad y los equilibrios internos del sistema social.

Por eso, cuando alguien se encuentra en la necesidad de acudir al aparato de justicia y se adentra en un terreno que, lejos de ofrecerle abrigo, resulta incierto y plagado de vicios, engaños, deficiencias profesionales y hasta con conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza, los focos rojos se encienden y la aplicación de medidas que remedien ese estado de cosas se vuelve una prioridad absoluta.

Según una opinión muy generalizada, México atraviesa por una situación muy parecida a la descrita, lo que hace necesario revisar las cuestiones vinculadas con la impartición de justicia y recomponerlas en lo necesario. Las piezas del ajedrez político que en días recientes se ha visto mover, aducen justificarse en ello.

Así la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Joel Molina Ramírez para reformar la ley de amparo en lo que toca a la “ética profesional” de los abogados, que en el fondo no tiene por motivo, aunque lo invoque en la exposición correspondiente, combatir esa corrupción, sino que, como bien lo ha señalado la Barra Mexicana de Abogados, pretende obstruir la defensa de los derechos fundamentales cuando incomode al poder, sin considerar medidas para combatir el ejercicio de los litigantes y operadores corruptos, respecto de los cuales la iniciativa es omisa.

Ella, además, es cuestionable respecto de su constitucionalidad y presenta algunos errores técnicos e incongruencias argumentativas de las que ya se han ocupado destacados juristas, como Elisur Arteaga, y seguramente lo harán otros.

Hay un punto, sin embargo, que se ha pasado por alto, a pesar de la relevancia que le confieren sus implicaciones funcionales. Tiene que ver con una visión distorsionada de la estructura judicial y las responsabilidades de sus depositarios, lo que en mucho se debe al hecho de que la rama judicial del poder no tiene lugar en un ambiente aislado del resto de la vida nacional, de la que en buena medida es reflejo.

Esta última circunstancia hace olvidar que no hay un depositario único de la potestad judicial, sino que lo es, en plenitud de jurisdicción, cada uno de los jueces magistrados y ministros que integran los diferentes poderes judiciales del país.

A pesar de ello, el patrón mental que refleja comúnmente el discurso político y el de los analistas y comentaristas es el correspondiente a la estratificación fuertemente jerárquica de las estructuras que dependen del depositario –ese sí, único– del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Traslapar ese esquema al Poder Judicial conduce a considerar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, como “titular” del “Poder Judicial”, cuando no lo es ni puede serlo porque una configuración jerárquica así vulneraría el principio de la autonomía judicial al someter a los jueces a una dependencia contraria a la ley.

Considerar esa autonomía como fundamental es un requisito indispensable para cualquier acción que se pretenda emprender para el perfeccionamiento de la impartición de justicia, so pena de fracasar si no lo hace y hasta resultar contraproducente.

Al mejor interés de la administración de justicia interesa que a los jueces y magistrados se les mantenga libres de la doble ligadura de la dependencia que descansa, por una parte, en la expectativa de la recompensa que el “superior” pudiera otorgarle si desempeña bien su papel, tanto como en el temor al castigo por desagradarlo.

¿Es eso lo que ocurre en México? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?
Las limitaciones de espacio obligan a posponer las respuestas a esas preguntas y otras consideraciones para subsecuentes entregas. Aquí nos encontraremos.
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