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Columnista Invitado
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23 Junio 2019 03:00:00
La regresión
Como se adelantó el domingo pasado, esta semana dieron inicio los foros para la Reforma de Estado y Electoral en la Cámara de Diputados, donde se han escuchado las voces de los especialistas, académicos, expertos y funcionarios electorales con el fin de diagnosticar, evaluar y debatir en torno al sistema electoral mexicano y, en consecuencia, emprender una probable reforma política que, por más surreal que parezca, solo la demandó el partido en el poder, sin un propósito claro y convincente.

Durante este tiempo se han presentado cientos de iniciativas de reforma en la materia, de diferentes partidos, con propuestas y planteamientos diametralmente opuestos y enfocadas a distintas temáticas, como los son las autoridades electorales, el financiamiento público de partidos, la conformación de los órganos de representación política, mecanismos de democracia directa, entre otras.

Sin embargo, la propuesta que sembró un ánimo preocupante y regresivo fue la presentada por el diputado Pablo Gómez, quien expuso la necesidad de hacer una reestructura del modelo electoral que tanto ha costado construir.

Sin más, advierte que se debe convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en un órgano meramente técnico, desapareciendo su Consejo General y eliminando sus juntas ejecutivas en las entidades federativas.

Además, propone suprimir las autoridades electorales locales en los estados (Oples y tribunales electorales), lo que, evidentemente, resulta un planteamiento disparatado y retrógrado para nuestro sistema democrático.

¿Qué le ha dado pie a tanta ocurrencia? Sin duda, desde la perspectiva de quien esto escribe, fue la lamentable reforma política electoral del año 2014. Para quien no lo recuerde, aquella reforma se cristalizó derivado a un cambalache legislativo: el PAN exigió una reforma electoral como condición para brindarle al PRI el apoyo necesario que le permitiera aprobar las reformas estructurales que tanto anhelaba el Gobierno federal en turno.

Así, en aquel entonces, el PAN propuso eliminar todas las autoridades electorales de las entidades federativas y centralizar todas las atribuciones comiciales en una autoridad nacional. Por su parte el PRI estaba en desacuerdo, consideraba necesario respetar el pacto federal en la materia y la imperativa necesidad de fortalecer los órganos electorales locales.

En un ánimo de fabricar consensos no fue ni una ni otra, sino un lamentable híbrido que terminó por subordinar a las autoridades locales ante el INE, cuya coordinación en la organización y vigilancia de las elecciones estatales no ha terminado por funcionar con la eficacia deseada.

Es justo en ese modelo de dualidad de autoridades electorales que permitió la intromisión del INE en la organización de las elecciones locales –que significó una regresión para el federalismo, el proceso reformatorio y la ingeniería electoral que venían edificándose desde las últimas tres décadas–, donde Morena se respalda para imponer una reforma política que reduzca los costos de la democracia –en el 2014 se argumentó los mismo: disminuir el costo de la democracia, cosa que no sucedió por el erróneo diagnóstico de las deficiencias y una desacertada ejecución de la reforma–.

Bajo el discurso de la austeridad republicana, el partido gobernante pretende destruir las autoridades electorales –las cuales le permitieron al ahora Presidente llegar al poder por medio de elecciones libres, pacíficas, equitativas y confiables–, la operatividad de las elecciones y la composición plural de los órganos de representación (mediante la exclusión de la representación proporcional en las cámaras en el Congreso), elementos que nos permiten tener régimen político estable en términos democráticos.

Sin duda nuestro sistema electoral es perfectible, y como bien dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, es deseable que los referidos foros funcionen como un espacio de reflexión y de amplio consenso, que sirvan para subsanar eficiencias, eliminar antinomias, perfeccionar los procedimientos existentes y fortalecer lo que funciona bien, y no, por el contrario, como una coyuntura para implementar cambios mal planeados, mal procesados o mal intencionados que pueden provocar una regresión antidemocrática.

POR: GERARDO BLANCO
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