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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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02 Agosto 2020 04:00:00
La sempiterna corrupción
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A pesar de que no es aceptable la generalización de que cualquiera que no concuerde con el parecer del presidente es corrupto y conservador, es innegable que, en el fondo, el problema de mayor envergadura en México es la corrupción, que no es otra cosa que una severa descomposición moral en las relaciones sociales.

Desde los tiempos en que gobernaba Miguel de Lamadrid se creó la Contraloría General de la Federación, que a poco de nacer asumió el nombre de Secretaría de la Contraloría, para más tarde llamarse de la Función Pública, con sus consabidos órganos correspondientes en los estados de la república.

Varias décadas han transcurrido desde entonces y las esperanzas ingenuamente puestas en ese sistema, lejos de rendir buenos frutos, se han convertido en abono del vicio, por el ingrediente de simulación y encubrimiento que introdujo y persiste.

Ha sido empleado más para desprestigiar y perseguir a los adversarios políticos que para el fin que se dice que los motivó.

No es cosa del pasado, porque cada día surgen datos que desmienten esa aseveración: Contratos otorgados por asignación cuando debieron serlo por licitación, frecuentes conflictos de intereses, nepotismo en las adquisiciones, empresas y patrimonios que emergen de la nada como los hongos en tierra húmeda, etc.

Mucho se dice que “ahora si” se va a combatir y se siguen creando órganos cada vez más complejos y estructuralmente sofisticados, como si no se supiera que las burocracias propician, lejos de contrarrestar, la corrupción.

A veces, además del desvío funcional, pasa que nacen corrompidos desde su misma composición: Mientras son instituciones pretendidamente autónomas cuya misión es controlar al Ejecutivo y sus órganos auxiliares, en la práctica es el mismo depositario de ese poder quien decide la integración y las designaciones, en un ejercicio supremo de simulación.

Para muestra, un botón: En Coahuila se creó, como en todo el país, un organismo denominado “Sistema Estatal Anticorrupción”, a imagen y semejanza del llamado “nacional”. Cuenta con un órgano de coordinación que se denomina “Secretaria Técnica”, que está por renovarse.

Abierta la convocatoria, un ciudadano que satisfacía con creces los requisitos impuestos a los aspirantes al cargo, postuló su candidatura y concitó un buen apoyo social para ella. No era ajeno a la materia, porque había ya participado como miembro del comité que seleccionó a la primera camada de consejeros, ni desconoce los intríngulis de la praxis política mexicana.

A la hora buena, ese ciudadano -lagunero, economista, sociólogo y periodista- “declinó” públicamente su aspiración a ocupar el cargo, por las razones que expuso en una misiva pública que difundió desde su espacio en Facebook.

Entre otras cosas, dice que su candidatura estuvo “rodeada de artificios”, de entre los cuales rescata el que califica como “único legítimo”, que es el cuestionamiento hecho, “desde algunas cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil”, para mejorar los mecanismos de selección de los miembros de ese órgano y sus similares en el país.

Nada dice de los demás artificios, que habrían de considerarse ilegítimos, en los que seguramente radican las presiones de peso que, indignamente, suelen lastimar la dignidad de quien osa, cumpliendo con su deber y ejerciendo derechos propios, disentir de los designios superiores del “gran elector”.

Nos queda a deber Luis García Abusaíd, hombre de bien y merecimientos, el relato del panorama completo de los motivos ocultos que lo disuadieron, porque el episodio que lo afectó trasciende la anécdota y es muestra de prácticas que alejan de la necesidad impostergable de erradicar el cáncer de la corrupción y anulan el potencial de los mecanismos que deberían tender a ese objetivo.

Es verdad que la corrupción es un mal generalizado que no solo afecta, como a veces se pretende, al sector público; también lo es que no es creando burocracias como podrá combatírsele con eficacia, pero muy mala señal se proyecta cuando, desde el proceso de integración del órgano anticorrupción se corrompe el procedimiento mismo para integrarlo.
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