×
Miguel Badillo
Miguel Badillo
ver +

" Comentar Imprimir
15 Febrero 2010 05:04:47
La SIEDO investiga a Alcalde
Al Mandatario de Cancún se le acusa de vínculos con el narcotráfico

Al alcalde de Cancún se le vino el mundo encima. La semana pasada el reportero Antonio Baranda, del diario Reforma, informó que Gregorio Sánchez Martínez recibió 10 millones de dólares para financiar la campaña política que lo llevó a la presidencia municipal de esa población turística de Quintana Roo. El supuesto donante es el empresario Steve Santander Reyes, casualmente contratista de Pemex y quien habría invertido en el politico perredista a cambio de que éste devolviera el favor cuando asumoiera la alcaldía mediante la asignación de contratos y permisos que otorga el municipio.

Pero Greg, como lo conocen sus amigos, se negó a pagar su deuda y el contratista petrolero de inmediato recurrió a los tribunales para acusar al alcalde, a quien un juez federal le ordenó pagar sólo 2 millones de dólares.

Sumido en una crisis de corrupción y negocios sucios, el Alcalde perredista de uno de los municipios más ricos del país, alega que es falsa la firma de los documentos en que se basó la acusación en su contra.

Sin embargo, la investigación periodística de Antonio Baranda parece ser apenas la punta de una madeja de ilícitos y compromisos tejidos en torno al alcalde de Cancún, pues sabemos que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República tiene abierto un expediente penal en contra del politico protegido desde la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega.

El motivo de esa indagatoria es por mucho más grave que la acusación del financiamiento empresarial, porque según el expediente el alcalde Sánchez Martínez habría recibido recursos ilícitos para su campaña política producto del tráfico de drogas, lo que representaría vínculos con la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de Juárez que comanda Vicente Carrillo Fuentes, hermano de quien fuera “El Señor de los Cielos”, y la Siedo estudia fincarle los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De probarse esta acusación que prepara la PGR, estarían contados los días de Greg como efdil de Cancún, y sería el segundo politico en importancia de Quintana Roo a quien se somete a juicio por vínculos con cárteles de la droga. El primero fue el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien se encuentra preso en un penal de máxima seguridad y en los próximos días será extraditado a Estados Unidos, en donde se le abrirá juicio por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Sin duda se deben investigar hasta las últimas consecuencias las acusaciones en contra de cualquier funcionario, político o juez que proteja a narcotraficantes, pero la duda es por qué el gobierno de Felipe Calderón persigue y abre expedientes judiciales sólo a miembros de partidos politicos opositores al PAN, será que la PGR y las secretarías de Hacienda y de Función Pública tienen órdenes de Los Pinos de proteger a funcionarios panistas.

Cancelan expediente de Patrón Laviada

Sólo un ejemplo de esa protección a prominentes panistas e integrantes del gobierno calderonista, es lo ocurrido con el expediente abierto en la Secretaría de Hacienda en contra del exgobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, actual procurador federal de Protección al Ambiente, y varios de sus familiares, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

De este problema escribimos aquí hace varios meses y decíamos que la acusación la turnó Hacienda a la Procuraduría General de la República, en donde “extraviaron” el espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra también a familiares y amigos de Patrón Laviada.

Ahora nos dicen que definitivamente la PGR le dio carpetazo a dicha acusación que había sido bien estructurada por los auditores hacendarios, bajo la orden de Los Pinos de cerrar definitivamente el caso.

Esta es una historia de corrupción, tráfico de influencias y delincuencia organizada donde, al final, no pasa nada: a finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Judicatura Federal, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra del hermano del ex gobernador de Yucatán.

El 26 de octubre de 2006, a un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech. Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero dicen que “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, según fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.
Imprimir
COMENTARIOS



0 1 2 3 4 5