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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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17 Febrero 2019 04:00:00
Las buenas intenciones
Las causas pueden ser justas y los propósitos loables; los postulados y reclamos, irrebatibles; las intenciones, buenas. Se pueden compartir y hasta aplaudir muchos objetivos: sanar el cuerpo social de la corrupción, combatir la extendida criminalidad, recuperar la seguridad pública perdida, y un largo etcétera cuya obviedad lacera y obstruye el desarrollo pleno de México y quienes lo componemos.

¿Quién puede negar que las inequidades sociales en nuestro país son execrables y perniciosas, no sólo en el ámbito de la moral, sino también como rémora para el crecimiento del país entero? ¿Quién negaría que la corrupción ha corroído muchas instituciones hasta las bases? ¡Y qué decir de la extendida dimensión del crimen organizado!

Ni en el marco de la ética pragmática más extrema –que sólo buscara la utilidad de unos pocos– podrían encontrarse argumentos para rebatir la condena de tales lacras. Aun así, es imposible dejar de lado el hecho de que el gran peso del subdesarrollo se convertiría en un lastre, insuperable a la postre, y eso en el caso de que el poder destructivo de la delincuencia organizada dejara lugar para que pudiera alentar la vida civilizada en nuestro país.

Por eso es inevitable disentir de la metodología empleada hasta hoy por la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho gala de ímpetu e intensidad, pero creo que también de insubsistencia estratégica. Tiene además, la debilidad de depender de un liderazgo carismático y no de una clara, sólida y vasta plataforma programática, fundada en algo más que buena fe, que hay que presumir según un viejo principio, salvo prueba en contrario.

Es indudable que las instituciones necesitan de remozamiento, de una “puesta al día” que las haga funcionar en vista de la misión que les corresponde. Ese es un imperativo de auténtica legitimidad, la que se construye día a día ejerciendo el poder del Gobierno en procura del bien de toda la comunidad, y no sólo
parte de ella.

También es cierto que los viejos paradigmas están en crisis, pero no es destruyendo aquéllas y éstos como podrán establecerse los nuevos diseños estructurales y de operatividad que se necesitan. Verdad de Perogrullo es decir que su destrucción indiscriminada no sólo impediría mejorar su desempeño, sino que lo haría imposible.

Tampoco sirven a ese fin las descalificaciones, diatribas y denuestos, ni la retórica que distrae o se funda en los buenos deseos, la imaginación o cualquier otro argumento portador de premisas o inferencias que pudieran ser tachados de falacia.

Mientras no se instrumenten verdaderos diagnósticos –no meras percepciones, por difundidas y cercanas que pudieran ser a la realidad– y se diseñen los planes y programas estratégicos indispensables para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas imprescindibles para erradicar los males y reorientar hacia un rumbo correcto el quehacer del país a través del derecho, los buenos augurios no serán sino ilusiones inconsistentes.

No es cuestión de ideologías, como tampoco de utilitarismo. Es cosa de describir en detalle la circunstancia, definir los propósitos, precisarlos a fondo para volverlos objetivos, que cuantificados se conviertan en metas, y sea así posible no nada más definir la ruta, sino instrumentar las políticas públicas correctamente diseñadas para evaluar su calidad y
evolución permanentemente.

La buena política se sustenta en valores generalizados, pero se concreta a través de una gestión congruente con ellos, técnicamente adecuada. No se puede ir por el mundo a trocha y a mocha, como tumbando caña, a menos que lo que se quiera sea nada más y precisamente eso: la destrucción de las estructuras básicas del país, con fines inconfesados y ocultos, lo que creo que sólo en un ejercicio “ad absurdum” cabría considerar.

Diagnósticos precisos, no apreciaciones vagas y difusas; responsabilidades, y no sólo acusaciones. Planes y programas, estrategias y tácticas, es lo que se echa de menos para que el ejercicio gubernativo sea más que buenas intenciones, porque de ellas, ya lo dice la voz del pueblo sabio, “está sembrado el
camino del infierno”.

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