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21 Octubre 2018 04:05:00
Las consultas (im)populares
Por: Gerardo Blanco

La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue, entre otras, una de las propuestas de campaña más polémicas de Andrés Manuel López Obrador que marcaron la agenda del debate público.

El presidente electo decidió que por medio de una consulta popular la ciudadanía determinara la necesidad o no de continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco o, en su caso, de reacondicionar la base aérea de Santa Lucía.

Evidentemente los mecanismos de democracia directa, como lo es la consulta popular, presumen de tomar en cuenta al universo de ciudadanos para aprobar reformas constitucionales o legales, así como para determinar la conveniencia de implementar políticas de gobierno.

Sin embargo, es importante preguntarnos: ¿qué tan informada está la ciudadanía para determinar sobre la conveniencia o no de implementar políticas pública que tendrá efectos políticos, económicos, sociales?

Es decir, ¿la ciudadanía cuenta con la información suficiente para analizar, estudiar y evaluar los diferentes impactos que podría tener una reforma legal, por ejemplo, respecto a la política prohibicionista de ciertas drogas? o ¿podrá determinar objetivamente los alcances de adherirse o no a un pacto comercial de alcances internacionales?

En este caso concreto, ¿la ciudadanía cuenta con la información adecuada, suficiente y veraz respecto a la viabilidad –económica, técnica o ambiental– de construir un aeropuerto en Texcoco? Seguramente los votantes estarán a expensas de la información que el propio Gobierno quiera y decida difundir, tomando en cuenta que, en la mayoría de los casos, el mismo Gobierno es promotor de una postura en específico.

En este sentido, éste desconocimiento se pudo palpar en ejercicios recientes que se llevaron a cabo en otros países. En 2016, Reino Unido convocó a un referéndum (conocido como el Brexit), para determinar seguir siendo parte o no de la Unión Europea. Como sabemos, el electorado determinó, con un 52%, salir de la misma. Fue tanta la inconformidad, el divisionismo y la incertidumbre que generó ese resultado, que el día de ayer más de medio millón de personas se manifestó en Londres para exigir una segundo referéndum.

También está el reciente ejemplo de Colombia, donde se sometió a decisión de la ciudadanía la conveniencia de llevar a cabo una amnistía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en la cual, el 50.20% de los votantes determinó que no era admisible emprender los acuerdos por la paz con un grupo guerrillero, que por más de medio siglo cometió actos de violencia, secuestros y asesinatos por gran parte del país.

Uno de los más controversiales fue el referéndum separatista que se celebró en Cataluña en octubre de 2017, cuya falta de legitimidad se dio, en primer término, por la ausencia de garantías en el procedimiento y, por otro lado, por la decisión del Gobierno español de sofocarlo por la vía de la fuerza.

En todos los casos, la legitimidad de las consultas populares (o cualquier ejercicio de democracia directa) dependerá, en esencia, de que se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normas, cuyo contenido deben establecer requisitos mínimos como los siguientes: 1) la autonomía e independencia de las autoridades encargadas de organizar el procedimiento; 2) la imparcialidad en la selección de los funcionarios de las casillas; 3) un procedimiento transparente para determinar la ubicación de las mismas que garantice que todos los electores estén en posibilidades de participar; 4) garantizar la presencia en las casillas de los representantes de las diversas posturas que se encuentren en la boleta, para efectos de velar por la autenticidad de los votos y, 5) que los ciudadanos cuenten con la información suficiente para poder emitir una decisión razonada.

Por supuesto que se celebra la implementación de mecanismos que involucren a los ciudadanos en la toma de decisiones importantes como lo es la construcción del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; sin embargo, lamentablemente el procedimiento no se apegó a lo establecido en la propia Constitución, lo que se traduce, en síntesis, que habrá un resultado carente de legitimidad, principio fundamental en toda democracia constitucional.
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