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Jesús González Schmal
Jesús González Schmal
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27 Diciembre 2008 04:50:52
Legalización de la impunidad
Ocultos quedarán para siempre el expediente y las supuestas razones que tuvo el ex procurador foxista, Daniel Cabeza de Vaca, para decretar el no ejercicio de la acción penal contra Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, así como contra Mario Breauregard, entonces secretario ejecutivo del IPAB, con cuya participación se les adjudicaron bienes con valor superior a los mil 500 millones de pesos, por el pago de sólo ocho millones, a través de la sociedad denominada Construcciones Prácticas.

En absoluto desconocimiento del pueblo quedará también saber cómo operó la empresa Administradora de Activos El Fénix, propiedad del Deutsche Bank estadounidense, que fue la valuadora utilizada en infinidad de operaciones del IPAB reduciendo a precios ridículos el valor de los activos subastados para poder asignarse “legalmente” a los beneficiarios que, desde la Presidencia de la República, se seleccionaban para pagar deudas políticas o enriquecer a parientes.

Este atentado al derecho a la información y burla a la justicia será posible a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) había ordenado ya a la PGR que entregara los acuerdos de no ejercicio de la acción penal de éstas y muchas otras averiguaciones previas que concluyeron en forma similar, en virtud de que las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que aprobó el Congreso y que se apresta a promulgar Felipe Calderón en los primeros días de enero convalidarán la negativa de la PGR para proporcionar la información.

Lo peor es que no sólo el pasado ignominioso del foxismo quedará sepultado, sino también, en el futuro, tendrá el alcance de la no información de las averiguaciones en curso en este sexenio, que diputados como Juan Guerra y Claudia Cruz han presentado por el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox y Marta Sahagún; así como la promovida por traición a la patria contra Felipe Calderón por el fraude legislativo en la reforma petrolera que, a través de una modificación a la ley reglamentaria, se pretendía en realidad con la anulación del artículo 27 constitucional para poder entregar los hidrocarburos mexicanos a empresas extranjeras que todavía podrán colarse por el resquicio que quedó en la ley.

Con la aberrante reforma al código procedimental federal, la Procuraduría General de la República podrá negar información sobre averiguaciones previas concluidas en forma total, hasta por un periodo igual al tiempo en el que el delito o los delitos investigados prescriban, y nunca antes de tres ni más de 12 años de que la resolución haya quedado firme.

Con ello, la impunidad está garantizada para quienes en este sexenio se hagan de fortunas ilícitas. Quedará entonces firme la protección para seguir saqueando las arcas públicas, porque será sencillamente inútil presentar las denuncias y pruebas de los desfalcos que seguramente hoy están ocurriendo en Pemex, CFE, Bancomex, IPAB, etcétera, cuyas indagatorias y resultados les serán negadas hasta a los diputados promoventes de la instancia ante el Ministerio Público.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

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