×
Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
ver +
Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

" Comentar Imprimir
12 Mayo 2019 04:01:00
Legitimidad, democracia y gobierno
Hay quien piensa que la legitimidad de un gobierno se identifica con el número y porcentaje de votos obtenidos en la elección y se mide –a través de encuestas, por ejemplo– en el grado de aceptación que mantiene entre la ciudadanía.

Quien así discurre, comúnmente considera que la democracia se agota en los procesos electorales, limitándose en el fondo y en última instancia, a cuestiones de números.

Ambas posiciones son, a mi juicio, incorrectas y no sólo conducen a errar en los análisis y cursos de la vida política, sino que debilitan, hasta el grado de la anulación, al debate político, imprescindible en las democracias.

Se quedan ellas en la superficie o peor, en las apariencias, sin tocar la sustancia misma de la acción de gobierno, que no es otra cosa que ejercer la soberanía, conforme a la estructura jurídica que les proporciona sustento, dirección y cauce.

Esa dirección se nutre de valores extendidamente aceptados, se conoce, desde antes de nuestra era, como “interés general, que en el fondo coincide con lo que la escolástica denomina “bien común”.

Si asumimos que la democracia es, sobre todo, gobierno, ese interés general tendrá que ser siempre el rumbo en la ruta del gobernante, si quiere actualizar esa presunción de legitimidad que proporcionan los comicios.

Por eso, a mi juicio, es que la legitimidad en el acceso al poder y, de manera relevante, en su ejercicio, sólo puede alcanzarse cuando converjan el interés general, la democracia y el derecho, sistemáticamente integrados.

Será imposible, en este breve espacio, profundizar sobre el tema, pero bien puede plantearse una hipótesis a partir de la siguiente cuestión: ¿Existe un elemento en el que coincidan todos los miembros de una comunidad, de tal manera que pueda ser llamado “interés general?

Sostengo que sí porque, independientemente de las convicciones y preferencias ideológicas, nadie en su sano juicio podrá negar que la convergencia en el reclamo de ver garantizados sus derechos y libertades fundamentales es plena.

Esa convicción me lleva a afirmar que en esa “triada” compuesta por la democracia -como gobierno, no solo como proceso electoral- el interés general ha de ser concebido como la necesidad de fincar la convivencia civilizada sobre una base de derechos y libertades iguales y armónicamente coexistentes.

En democracia, como método permanente de gobierno encaminado, ha de ejercerse la autoridad de modo que se pueda llevar a la práctica el mandato constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y hacerlo conforme a un marco jurídico cuya ordenación tienda congruentemente a esa función, en aras de cuyo equilibrio ha de contemplar también, y respetar, las responsabilidades y obligaciones que les son irremisiblemente correlativas para garantizar su coexistencia armónica.

El estudio de las nociones de poder, democracia y derecho carecería de sentido si no se efectúa desde una perspectiva en la que, estructuralmente, se considere su interacción sistémica indisoluble.

Toda escisión –conceptual y práctica– que entre ellos se pretenda, será inconveniente, porque daría lugar –como en efecto ha ocurrido– a equívocos y errores en el funcionamiento de las instituciones, produciendo graves fallos y consecuencias funestas

En este punto es ineludible decir que, como bien lo percibiera Sartori, hay en estas cuestiones dos niveles de realidad: la “prescriptiva”, que es aquella que recoge el ideal democrático y lo plasma en las normas, y la “descriptiva”, aquella que ofrece la realidad empíricamente.

Es claro que, para que pueda hablarse de “estado de derecho” con propiedad, el ideal democrático deberá coincidir, en términos óptimos, con la realidad democrática y, viceversa; como eso es utópico, bien vale considerar que el acercamiento mayor, constante y consistente, es imprescindible.

Vendría bien, para enriquecer el debate, pero sobre todo para afinar el rumbo, revisar conceptos y conocer bien los paradigmas que se dice querer cambiar, para no seguir inmersos en el remolino de confusión e inconsistencia que parece ir en camino de volverse crónico.
Imprimir
COMENTARIOS


6

  • 8 9
  • 7
1
3 4
5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65