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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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14 Marzo 2020 04:05:00
¿Ley de Herodes? O te… o te…
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El aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de una persona física o moral es una medida que utilizan las autoridades de procuración de justicia y fiscales en su lucha para combatir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, esto en el primer caso, la extinción de dominio, léase, despojar a los delincuentes de los bienes muebles, inmuebles y dinero mal habido.

En el segundo caso, las autoridades fiscales, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, utilizan el bloqueo o aseguramiento provisional de las cuentas bancarias como parte de su estrategia para combatir, especialmente, los delitos con recursos de procedencia ilícita, así como el terrorismo. Todo esto explicado en su forma más simple, sin necesidad de detallar cuestiones técnicas o jurídicas más allá de lo que es evidente y comprensible para todos.

En nuestro país, de acuerdo con la Constitución General de la República y los tratados suscritos por México, todos gozamos de diversas garantías esenciales relacionadas con el actuar de las autoridades; entre otras, la presunción de inocencia; el derecho al debido proceso; la garantía de audiencia; el derecho a no ser molestado en nuestros bienes y propiedades, si no es por causa fundada y motivada, y con apego a derecho; la seguridad jurídica; el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia.

Estas garantías nos permiten a todos los mexicanos gozar de la tranquilidad de poder disfrutar nuestros bienes, dinero y todo lo que sea producto de nuestro trabajo honrado sin restricción alguna. Nos permiten el acceso a una vida mejor por medio de la superación, el esfuerzo, el ahorro; por medio de emprender negocios legítimos y participar en inversiones amparadas por la ley. Todo esto forma parte del derecho a la propiedad privada, del derecho a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de nuestros hijos y del derecho a poseer bienes, servicios, productos y toda clase de satisfactores.

Nadie puede estar en desacuerdo con que el Estado realice todas las acciones a su alcance para prevenir, castigar y despojar de los bienes mal habidos a la delincuencia. Todos apoyamos estas medidas. En resumen, si el bloqueo de cuentas corresponde a nacionales, debería observarse el debido proceso y la presunción de inocencia en favor los afectados, de tal suerte que para poder asegurar las cuentas se realice un proceso legal y se obtenga la orden de aseguramiento de un juez.

A raíz de los hechos ya señalados, en fecha 6 de noviembre de 2019, y luego de ser aprobada por mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la UIF pueda congelar cuentas bancarias bajo un procedimiento que si bien pretende establecer garantías a favor de la persona que sufre el aseguramiento, en los hechos resulta controversial, iniciativa original del senador Ricardo Monreal. El dictamen se aprobó con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.

Los especialistas en la materia, en su inmensa mayoría señalan que es una reforma inconstitucional, porque vulnera los principios ya mencionados: la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia y la legalidad. Entonces ¿estamos en un estado de derecho nulo, en donde se aplica la Ley de Herodes, en donde si el Estado decide congelarte las cuentas o asegurarte bienes sin prueba alguna, lo pueda hacer? Vale la pena reflexionarlo.
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