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Jorge Dávila Flores
Jorge Dávila Flores
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07 Julio 2017 04:00:00
Ley de Mejora Regulatoria propiciará mayor competitividad
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que me honro en presidir, está atenta para recibir la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de elaborar una Ley General de Mejora Regulatoria, que obligue a las dependencias y entidades de todos los niveles de Gobierno a dar plena seguridad jurídica y facilitar los trámites y servicios que requieran los particulares y las empresas, con lo que se coadyuvará a elevar los niveles de productividad y competitividad del país.

Hay que recordar que el pasado 5 de febrero, en ocasión del centenario de la Constitución Política, el propio Ejecutivo federal promulgó un decreto que reformó los artículos 25 y 73 de nuestra Carta Magna, con lo que dotó al Congreso de la Unión de las atribuciones necesarias para expedir la nueva Ley General de Mejora Regulatoria y establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse los diferentes órdenes de Gobierno.

Desde mi punto de vista, los aspectos básicos que deberá contener este proyecto de ley son los siguientes:

1.- La creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, con la participación de los sectores público, académico, social y privado.

2.- Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, que sea vinculante y en el que participen todos los organismos de la Administración Pública Federal (entidades federativas, municipios, organizaciones autónomas, empresas productivas y poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

3.- Mecanismo de protesta ciudadana, mediante el cual empresarios y ciudadanos puedan formular una queja expedita y fincar responsabilidades contra autoridades que violen la ley, que exijan trámites o requisitos no inscritos en el catálogo o que no estén vigentes.

4.- Observatorio de Mejora Regulatoria, ajeno al Gobierno e integrado por ciudadanos, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que revise y monitoree el cumplimiento de la mejora regulatoria.

5.- Todas las regulaciones se someterán a un proceso de revisión periódica, para garantizar que generen mayores beneficios que costos.

6.- La obligación de que por cada regulación que se expida, se elimine otra existente, a fin de reducir el acervo regulatorio. En la Comisión de Economía impulsaremos las modificaciones necesarias para que por cada regulación que se expida, se eliminen dos existentes (‘2 x 1’ y en algunos casos ‘3x1’).

7.- Obligar a la administración pública y los poderes de Gobierno a identificar áreas de oportunidad e implementar programas permanentes para la mejora de sus regulaciones y simplificación de trámites, en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

8.- Creación de un padrón nacional de verificadores, visitadores e inspectores, que incluya la lista de todos los servidores públicos que puedan realizar visitas domiciliarias.

9.- Integración de un expediente para trámites y servicios, donde las autoridades inserten la documentación comprobatoria de los particulares, con el fin de evitar que se las soliciten nuevamente, en otra instancia.

10.- Someter a las regulaciones a un análisis ex post, con el que pueda determinarse si es necesaria su eliminación, modificación o permanencia.

11.- Las dependencias públicas del país deberán informar previamente todas las regulaciones y trámites que pretendan expedir, con el fin de que se conozca antes la opinión de ciudadanos y empresarios.

12.- Esquemas de regulación asimétrica, a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, por el bajo riesgo que pueden representar sus actividades.

En la Comisión de Economía asumiremos el compromiso de analizar a fondo y enriquecer este proyecto, pero de antemano observamos que traerá grandes beneficios para la sociedad y el país, sobre todo si tomamos en cuenta el espíritu de la modificación que se aplicó al Artículo 25 de la Constitución, en el que se establece: “la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

Y más adelante señala: “la Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional y una política industrial sustentable”.

El mensaje de fondo de esta iniciativa es que en México exista menos aparato burocrático y se le dé mayor espacio a la sociedad; menos regulaciones y las que prevalezcan que estén bien hechas y en realidad contribuyan a la simplificación en todos los ámbitos; por ello, la impulsaremos decididamente desde el Grupo Parlamentario del PRI.

Estamos conscientes de que la sola articulación de estos elementos será insuficiente, si no logramos que la Política Regulatoria del Estado se traduzca en mejorar la vida cotidiana de los mexicanos, a fin de alcanzar “un país más justo, desarrollado y próspero”, como lo advirtió el Primer Mandatario.

Hago un llamado para que todos, desde su respectivo ámbito de acción, empujemos estos cambios, por un México más productivo y competitivo, con mayor generación de empleos formales, que fomenten la reactivación del mercado interno y propicien niveles dignos de bienestar para la mayoría de la población.
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