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Macario Schettino
Macario Schettino
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Doctor en Administración, candidato a doctor en Historia. Es profesor en la división de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado 15 libros, el más reciente: "Cien años de Confusión. México en el siglo XX", con Taurus. Su columna consiste en análisis sencillos de fenómenos económicos y financieros.

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08 Junio 2010 03:36:57
Ley y economía
En la noche del domingo o madrugada del lunes, la Policía Federal tomó las instalaciones de la mina de Cananea

Hasta ese momento, estaban bajo el control de los mineros que iniciaron una huelga hace unos años, en solidaridad con su líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia. Durante esos años, el sindicato y la empresa pelearon en juntas de conciliación y tribunales acerca de la validez de la huelga, pero jurídicamente ese asunto terminó hace ya algunos meses. El sindicato no logró demostrar la validez de su movimiento, y la justicia permitió a la empresa declarar cerrada la mina y terminado el contrato colectivo. Visto así, el sindicato no podía retener las instalaciones, y lo que hizo la policía fue recuperarlas para su legítimo propietario.

Detrás de este conflicto hay todo tipo de personajes con mala fama, no sólo el líder sindical, pero independientemente de la fama de los involucrados, el asunto legal ya estaba terminado, y el sindicato debió devolver la mina hace ya varios meses. No lo hizo, los desalojaron, y ahora el “sindicalismo” dice que rompe con el gobierno. Me refiero a la nota que publicó EL UNIVERSAL Online desde las 12 del día de ayer: los sindicatos rompen con el gobierno, refiriéndose a telefonistas, el SME y la CNC, entre otros.

Es decir que los organismos gremiales no aceptan el fallo de la justicia, y que harán política para impedir que se cumpla. Me imagino que entre otras cosas se manifestarán por las calles de la ciudad de México, y con un poco de mala suerte destruirán algún otro bien nacional, como lo hicieron los señores del CNTE con la puerta de la SEP. Esta actitud explica mucho de nuestro atraso, económico y político. La ley no importa, lo que importan son los privilegios del grupo, y para defenderlos hay que usar todas las herramientas posibles, así esto ocurra fuera de la ley, porque a fin de cuentas nadie la hace cumplir.

Justo en esta semana la Suprema Corte estará discutiendo el dictamen de la investigación realizada con relación a la terrible tragedia de la guardería ABC, que costó la vida de 49 niños y daños severos a cien más. Este dictamen extiende la responsabilidad de la tragedia hasta el exdirector del IMSS y el exgobernador de Sonora bajo el argumento de que lo que hacen o dejan de hacer los subordinados es responsabilidad de su directivo. En ese mismo dictamen se sostiene que esto es un cambio de paradigma en la aplicación de la justicia, porque hasta ahora eso no ocurría.

Hay argumentos a favor y en contra de la extensión de la responsabilidad como se hace en el dictamen. Por un lado, parece una buena idea que los políticos tengan responsabilidad en sus decisiones. Por otro, parece imposible que un funcionario de alto nivel tenga control absoluto de lo que ocurre en su dependencia. Aplicando este mismo criterio, el ministro Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN y al mismo tiempo del Consejo de la Judicatura, sería responsable de las acciones y omisiones de los jueces venales que desafortunadamente siguen existiendo, porque él no ha desarrollado las políticas públicas que permitan acabar con ellos. O, en el caso de la destrucción de la puerta de la Secretaría de Educación, el responsable sería Marcelo Ebrard, por la omisión de sus policías frente a los desmanes, que no ocurrieron únicamente en esta ocasión, sino que ocurren todos los días, si bien no siempre dañan bienes históricos.

La magnitud de la tragedia de la guardería nos hace pensar que no debería quedarse sin castigo y, debido a su gravedad, debería involucrar a políticos de muy alto rango. Por eso el dictamen que establece responsabilidad al actual director del IMSS, al anterior (que es secretario de Estado) y al gobernador del estado, ha sido muy aplaudido. Me parece que más como “cacería de brujas” que por su solidez jurídica. Otras decisiones de la corte, como la solicitud de proceso al jefe de Gobierno del DF por desacatar órdenes de la misma corte, fueron rechazadas por muchas personas con gran vehemencia. Muchos hoy aplauden a la corte con igual emoción.

Y éste es el problema: resulta que la ley está sujeta a la opinión mayoritaria, a las presiones políticas, a los tiempos de los medios de comunicación, a la violencia de los involucrados, a lo que usted guste. Y cuando la ley se aplica o no dependiendo del poder de los involucrados, no hablamos de estado de derecho, sino de un estado de fuerza.

Indudablemente una sociedad puede funcionar bajo ese estado de fuerza. De hecho, la humanidad ha vivido la inmensa mayoría del tiempo en este tipo de estados, en los que los más fuertes abusan de los más débiles no sólo con la violencia, sino con una ley que funciona a su modo. El problema de este tipo de estados es que no permiten ni la democracia ni el crecimiento económico. Permiten muchas otras cosas, como la permanencia de los mitos, la estratificación de la sociedad, la extracción de rentas, por poner unos ejemplos.

Es posible que el dictamen del ministro Zaldívar se pueda convertir en el parteaguas de la política nacional, y desde esta semana la ley se aplique sin distingo, empezando por los políticos de mayor rango. Es posible, pero muy improbable. Es más probable que sirva para tranquilizar conciencias quemando unas cuantas “brujas”, mientras seguimos a expensas de lo que los poderosos quieran hacer con nosotros: sindicalistas, empresarios, maestros, campesinos, organizados para extraernos rentas, sostenidos por viejos mitos y separados de los demás porque forman parte de la casta divina de este país.

Tal vez esta columna se equivoque, y estemos al borde de un nuevo México. En las vísperas del pleno estado de derecho. Sería maravilloso cometer un error como éste.
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